El estatuto contiene varias medidas fiscales de emergencia, entre las cuales se destaca una extensión de la Ley 154, que extiende la vigencia del impuesto de 4% a las corporaciones foráneas hasta diciembre de 2021.
“La ley, que se firma bajo el contexto de un cuadro fiscal sin precedentes, es esencial para que el primer ejecutivo implemente la nueva política pública de responsabilidad fiscal, incluyendo a las corporaciones públicas y se utilice como una de las estrategias para resolver la actual crisis económica”, lee el escrito.
La nueva legislación permite además al Departamento de Educación contratar con municipios y otras entidades para garantizar ahorros en transporte escolar.
Asimismo, congela la negociación de convenios que conlleven un impacto fiscal y prohíbe la contratación de servicios profesionales por más de $10,000.00 salvo justificación y autorización del gobernador o un delegado, entre otras disposiciones.
“Esta ley nos va a poner en posición, al pueblo de Puerto Rico, para tener un plan fiscal que luche por el pueblo y que siempre esté velando por los mejores intereses de nuestra gente”, expresó el primer ejecutivo durante la firma del estatuto.
Los ahorros de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) —producto de esta ley— se aportarán al Fondo de Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial.
Asimismo, los ahorros de otras corporaciones relacionadas al desarrollo económico pasarán al fondo general.
Entre otra de las medidas fiscales que presenta la ley, se establece que la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios mantendrán el subsidio del año fiscal corriente. También se mantienen las tarifas bases de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilladas para la UPR y las ramas legislativa y la judicial.
De igual forma, limita la liquidación de licencias de vacaciones y enfermedad hasta 60 y 90 días respectivamente.
El estatuto también provee para que la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del Ciudadano, la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Oficina del Fiscal Especial Independiente ajusten sus presupuestos en la proporción que lo haga el Gobierno central.
Según dicta la ley, las medidas fiscales de emergencia terminarán cuando comience el crecimiento económico, mejore el crédito, y se logre balancear presupuesto sin préstamos o en el 2021.
