Ana María Woichejosky, María Cristina Lanzillotto, María Inés Assales, Carlos Santillán y Julio Di Gangi, militantes del ERP detenidos-desaparecidos, fueron llevados el 4 de enero de 1977 al cruce de las calles Rosetti y Aldecoa, obligados a correr y ametrallados.
Sus cuerpos fueron enterrados clandestinamente en una fosa común del cementerio de Avellaneda e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense hace una década.
El portal lB24 entrevistó allí al secretario de DD.HH. de la comuna, Claudio Yacoy.
Yacoy (foto) destacó que el esclarecimiento del crimen fue producto de un largo trabajo que permitió establecer que los cinco prisioneros, que estaban en la comisaria 2ª (como declaró un detenido que fue dejado en libertad junto a otros para hacerles lugar a los recién llegados) fueron bajados en la calle Aldecoa casi esquina Rosetti y obligados a correr por ésta -hay allí un largo paredón de lo que era la fabrica metalúrgica Tamet- en dirección hacia General Díaz, donde un patrullero les cerró el paso y su tripulación los ametralló contra dicho paredón, es decir, que no murieron en ningun "enfrentamiento" sino que fueron fusilados.
"El otro tema, para nosotros -continuó diciendo- es que este acto se da en un momento en el que hay un retroceso innegable por parte de los gobiernos nacional y provincial con el desfinanciamiento, la discontinuidad de programas de políticas públicas de Derechos Humanos, y que a contramano de esto en Avellaneda se mantienen firmes como también se mantienen firmes las políticas públicas".
"Aquí vamos a seguir sosteniendo las política de Memoria, Verdad y Justicia, y también vamos a seguir manifestando que nosotros no nos reconciliamos, no creemos que tengamos que olvidar, al contrario, es la memoria colectiva la que nos permite alumbrar la verdad y ésta llegar a la justicia", destacó.
Yacoy dijo que la actual administración nunca convocó a una reunión del Consejo Provincial de Derechos Humanos, que "se ha minado la territorialidad, se desrregionalizó la política de Derechos Humanos para descentralizar recursos y en todo el año pasado no se aprobó una sola ley reparatoria, lo que ilustra el paso atrás en el camino en que se había avanzado, de cerrar las heridas que produjo el terrorismo de Estado.
El secretario de Dderechos Humanos de Avellandea se refirió también a la remodelación de lo que fue el centro clandestino de detención llamado por los represores "El infierno", donde funcionaba la Brigada de de Investigaciones de Lanús (que paradójicamente estaba en AvellanedaI. "Una acción de amparo me puso a mi como responsable de la preservación del lugar, y la remodelación es para mudar todas las áreas de nuestra Secretaría de Derechos Humanos ahí", adelantó.
"Este acto es es el primero de una serie de 18 señalizaciones que vamos a realizar en cada uno de los lugares de la ciudad donde se fusiló de manera clandestina, para interpelar a los vecinos y también seguimos avanzando con el archivo de la Memoria. Pasamos de contabilizar 79 víctimas a 606 y es el único archivo municipal de estas características en todo el país", se jactó.
"Además, mantenemos el Programa de Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID) , que se realiza a partir de la extracción de sangre los martes y jueves en el Hospital Fiorito, y todo lo que tiene que ver con el Programa de Asesoramiento Jurídico Comunitario, los miércoles y viernes en Plaza Alsina, con seis abogados asesorando a las personas que lo requieran en todo lo que tenga que ver con niñez, violencia familiar, de género, represión institucional y también con el abordaje de las nuevas formas de violencia: bullying, grooming, noviazgos violentos, embarazos adolescentes", concluyó.
