Estos catrachos se convierten así en los primeros en sentir los efectos de la llegada del presidente Donald Trump y la dura normativa que, asegura, aplicará con los inmigrantes.
Del total de repatriados, 106 eran hombres y 29 mujeres.
Hace apenas tres días que Trump fue investido como el nuevo mandatario de los Estados Unidos, con lo que Honduras se prepara para lo que podría ser el año más crítico en el tema migratorio.
El CAMR ya cifraba el número de deportados en unas 1,100 personas entre el 1 y el 20 de enero del 2017, antes de la toma de poder del magnate y al cierre de la era de Barack Obama.
Sentimientos divididos
En el CAMR, los migrantes experimentaron sentimientos encontrados por el regreso al país que los vio nacer, pero también porque su anhelo de superación fue cortado.
Una de las retornadas fue Yessica Flores, una hondureña que dejó a sus cuatro hijos y a su esposo en Estados Unidos.
“No me van a detener, aunque me deporten, siempre me regreso”, opinó con confianza Flores, desafiando así las amenazas de Trump.
Y minimó algún cambio en las políticas migratorias: “(Las persecuciones) siempre van a estar. Todos los presidentes siempre nos amenazan”.
“Por una parte (me siento) bien y por la otra no bien (…) porque dejé toda mi vida allá, a mis hijos”, expresó a Canal 6.
Una opinión contraria se formó Kelvin Rojas, uno de los 106 varones retornados este lunes, pues confesó que no volvería a emprender la peligrosa travesía”.
Las duras cifras
La comunidad hondureña radicada en la nación norteamericana es una de las poblaciones latinas que ha sufrido de cerca los estragos de la deportación.
El 2016 quedó marcado con el retorno de 21,587 compatriotas que fueron retornados hacia Honduras. De esta cifra, 21,362 son adultos y 235 menores de edad.
Pero los números son aún más crudos, pues la cantidad de catrachos que no lograron llegar a suelo estadounidense y fueron retornados en el camino, se duplica y estremece a las autoridades, quienes aún no encuentran la fórmula para evitar que miles de ciudadanos emprendan cada año el peligroso viaje.
En el mismo 2016, desde México, exactamente 47,678 hondureños vieron frustrado su “sueño americano” ya que fueron regresados a su tierra natal. De este total, el 81% eran adultos y el 19% restante eran niños.
Antecedentes penales
Entre las nuevas medidas a adoptar en el proceso de deportación, el magnate maneja la expulsión de los inmigrantes con antecedentes penales, quienes son los que tendrán prioridad en ser sacados de la nación norteamericana.
Esta vez, el llamado a dar la cara fue el nuevo portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien se encargó de reafirmar este lunes que los inmigrantes en situación irregular y que posean antecedentes penales serán prioritarios en las políticas de deportación, como prometió en su campaña electoral el actual presidente.
“Personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención”, dijo Spicer.
El portavoz añadió que por el momento la prioridad del gobierno está en inmigrantes “que han quedado en el país más allá de sus visas, o que han cometidos crímenes. Pero avanzaremos en una forma sistemática y metódica”.
Trump, dijo el portavoz, “ha dejado muy, muy claro que precisamos orientar a las agencias a concentrarse en aquellos que están en ilegalmente en el país y tienen antecedentes criminales o representan una amenaza”.
Los dreamers
Los jóvenes que fueron protegidos por el programa de suspensión temporal de deportaciones del presidente Obama, conocido como DACA, habían estado preocupados por que Trump cumpliera su promesa de campaña y cancelara de inmediato la que calificó como “amnistía ilegal”.
Spicer no descartó explícitamente en su primera reunión informativa una acción sobre el programa conocido como DACA, pero sus comentarios insinuaron que las políticas iniciales de Trump serán similares a las de Obama.
Obama creó el programa DACA en 2012. Éste permite que inmigrantes jóvenes que fueron traídos al país de manera ilegal siendo niños soliciten un período de protección de la deportación por dos años y un permiso de trabajo. La protección y el permiso laboral pueden ser renovados.
