Dice que el mayor problema que afrontan los juicios que se realizan en todo el país es una ralentización que redunda en una especie de proscripción biológica, ya que todas las semanas mueren tanto imputados como testigos. Sostiene que deben realizarse audiencias diarias y no apenas una por semana, como sucede en varios juicios, y que la responsabilidad es de la Corte Suprema, y especialmente su presidente, Ricardo Lorenzetti, quien encabeza la Comisión Interpoderes encargada de motorizar los procesos orales y públicos.
Llonto también cuestionó el traslado de los represores detenidos a la guarnición de Campo de Mayo, donde durante la dictadura funcionaron campos de concentración.
Llonto es abogado querellante en representación de familiares de desaparecidos en las causas ESMA, Campo de Mayo, Vesubio, Puente 12 y Coordinación Federal, entre otras. Docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, su último libro es “El juicio que no se vio. Una mirada sobre el Juicio a las Juntas Militares”.
Destaca la ralentización de los juicios de lesa humanidad. “Estamos en toda la Argentina con una situación que tiene muchos puntos a favor, pero muchos más en contra y esto se debe al paso del tiempo”, señaló.
“Se están realizando muchos juicios y, en algunos momentos de este año, hubo entre 14 y 16 juicios a la vez, lo que da una sensación de movimiento. De hecho, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos y La Plata han tenido seis juicios al mismo tiempo, algo que nunca había ocurrido. Pero el mayor inconveniente es el ritmo que tienen estos juicios. Es decir que puede haber muchos juicios al mismo tiempo, pero si todos van lentos estamos frente a un problema”, explica Llonto.
“Si esa lentitud hoy se evalúa de acuerdo al tiempo transcurrido nos encontramos ante un problema gravísimo. La lógica indica que cuanto más lejos estás del hecho, más rápido debería hacerse el juicio; porque toda la prueba y, sobre todo la testimonial, que es la base de los juicios, corre peligro. En todos los juicios hay testigos que se enferman o que fallecen”, agregó.
Para Llonto, el principal responsable de esta situación es el Poder Judicial: “Debería tomarse la decisión de acelerar especialmente estos procesos. Debería tener una actitud crítica, resolviendo que estos juicios vayan primeros en la lista para imprimirles velocidad. Lamentablemente la decisión parece haber ido en el sentido contrario. Por ejemplo, estamos ahora ante el juicio ABO, para lo que debería tomarse la decisión de realizar al menos tres audiencias semanales, pero se decidió hacer una sola.”
Llonto insiste en que “habrá alguna excepción, pero la mayoría de los juicios se alargan en lugar de acelerarse. Sería muy cómodo para nosotros decir que es culpa del Poder Ejecutivo, pero no es así. Acá hay una decisión y una responsabilidad que es del Poder Judicial y sabemos que tiene nombre y apellido”.
El abogado apunta decididamente al “presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien además preside la Comisión Interpoderes, creada hace casi siete años justamente para acelerar los juicios y para dotarlos de mayor agilidad. Esta comisión estuvo como un año sin reunirse, lo hizo en septiembre porque así lo solicitaron los organismos.”
Respecto a la causa ESMA III, en la que es querellante, Llonto dice que “una vez que la etapa actual llegue a su término, todavía quedan más. Se presentaron muchos más casos y son muchos genocidas los que quedan por imputar. Uno siempre recuerda en una audiencia del juicio anterior, cuando Adolfo Donda explicaba en su descargo la cantidad de implicados en ESMA. Presentó unos cuadros con números que sumaban como 2500 represores y dijo que deberían estar tan acusados como ellos”.
“Todos saben cómo funcionó la ESMA y es así. El propio Adolfo Scilingo también declaró que había que involucrar a todos, para cortar ese pacto de silencio”.
Llonto subraya que el mayor problema que afrontan los juicios es el exiguo número de audiencias.
“Debería haber audiencias de lunes a viernes. Eso de tres veces por semana fue una concesión para los años anteriores. En todos los casos y en cada juicio que se inicia, tenemos la cabeza puesta en la pregunta: ‘¿Cuándo llegue a la sentencia estará vivo?’, y eso va tanto para los imputados como para los testigos.”
“También vemos con preocupación el traslado de los imputados a la cárcel de Campo de Mayo. El eje del cuestionamiento está en lo que significa para las víctimas y para las familias que los represores vayan a unidades militares, con el agravante de que Campo de Mayo, su Cárcel de Encausados, fue un centro clandestino de detención y tortura. El lugar donde hubo compañeros secuestrados, donde hubo embarazadas, donde hay testigos que dicen que ahí también hubo partos. Ese lugar que tiene que estar preservado como prueba judicial en investigación”, concluyó.
*Por María Freier, Telam
