El jueves 5 de enero de 2017, el nuevo ministro de Hacienda anunció la eliminación total de esos plazos mínimos, garantizando así que cualquier fondo de inversión pueda entrar y sacar los capitales del país en la magnitud que le plazca y sin límites de plazos mínimos de permanencia.
Cabe retrotraernos a octubre de 2016. En esa fecha el Tesoro Nacional hizo la extraordinaria (y sospechosa) proeza de colocar $75 mil millones a 10 y 7 años en pesos y a tasas fijas de 15,5% y 16%, respectivamente. Lo primero que llamó la atención de dicha colocación fue la tasa de corte sumamente baja que se obtuvo, incluso por debajo de cualquier proyección de inflación para el próximo trienio. Un mes antes de dicha colocación, el gobierno había fracasado en una licitación igual (pero a 18 meses), teniendo que pagar 22,7% y pudiendo colocar sólo $15 mil millones de los $25 mil millones objetivos. En esa rueda, para colocar el total el gobierno debió haber cortado el interés por encima del 23%, sin embargo eligió fijar la tasa en un valor menor y rechazar ofertas. Asimismo, en la mega-colocación de octubre llamó poderosamente la atención también la gran cantidad de ofertas recibidas desde el exterior para adquirir un bono en moneda local de una economía con serios problemas inflacionarios y pagando una tasa fija inferior, por lo menos, a la suba de precios y tipo de cambio proyectada los primeros 3/4 años. ¿Qué fue lo que cambió tanto en un mes? ¿Será que los fondos especulativos ahora apuntan al mediano plazo? Nada de eso.
Lo que estaba por detrás del éxito de la colocación del tesoro es el acercamiento de Argentina a los requerimientos que el JP Morgan le impone a las economías emergentes para incluirlos en su Government Bond Index-EmergingMarkets (GBI-EM). Este índice, compuesto por bonos en moneda local de deuda soberana de países emergentes como Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Turquía, Nigeria y otros, es benchmark a nivel internacional, es decir, diversos fondos de todo el mundo reproducen ese índice armando sus carteras según la estructura que el JP Morgan les asigna.
Lo cierto es que para que el banco del ex-ministro decida incluir a un país emergente dentro de su codiciado índice, el país debe cumplir una serie de requisitos, a saber: tener emisiones a tasa fija y en moneda doméstica por más de USD 1.000 millones, que la inversión en esos activos sea convertible y que no existan restricciones al movimiento de capitales. Nuestro país superó en octubre dicho monto mínimo, por eso la desesperación de todos los actores financieros por adquirir esos bonos en pesos. ¿Cuál era el negocio? Si Argentina eliminaba la restricción de los 120 días, el JP Morgan incluiría al país en el GBI-EM haciendo que los fondos que reproducen ese índice deban venir al país a adquirir dichos bonos, lo que aumentaría su precio y permitiría a los tenedores hacer un fabuloso negocio de compra-venta.
En efecto, y prácticamente como acto reflejo, el viernes 6 enero de 2017 el banco JP Morgan anunció que incorporará a los bonos argentinos en el índice GBI-EM en su próxima reunión del 28 de febrero. Parece claro que la banca JP Morgan está jugando el rol que antaño desempeñaban el FMI y BM: ofrece "beneficios" con condicionalidades. Ahora bien, si el BM y FMI son organismos con representación de los estados, el JP Morgan directamente es la banca privada. El capital financiero transnacional.
(Fuente: CEPA)
