El ex jefe de la “Patota de Investigaciones” de la Policía del Chaco, Gabino Manader, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico militar, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por decisión del juez federal de subrogante de Resistencia, Juan Manuel Iglesias.
La decisión, adoptada a fines de diciembre de 2016, se conoció horas antes que se reinicie el juicio oral y público de la denominada causa Caballero II, que será el próximo viernes 3 de febrero, y en el contexto de las declaraciones del ex militar carapintada y actual titular de Aduanas del macrismo, Juan José Gómez Centurión, quién negó que haya existido un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura.
En el proceso que se reanuda este viernes se juzga a un grupo de ex policías provinciales por violaciones a los derechos humanos, cometidas en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia, el mayor centro clandestino de detención del nordeste argentino, y donde Manader –sindicado como uno de los jefes de los grupos de tareas en suelo chaqueño- es acusado por la aplicación de tormentos, privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita y también se lo imputa por la violación de una detenida política considerado como delito de lesa humanidad e imprescriptible.
La decisión del juez Iglesias, quién también integra el Tribunal Oral Federal que actualmente juzga a Manader y otros represores, se basó en indicaciones del Servicio de Asistencia Médica de la U7, la cárcel federal de Resistencia, por un supuesto cuadro de “hipertensión arterial, hipertrofia prostática y trastornos cognitivos”. Sin embargo, de acuerdo a los informes del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la dolencia de Manader no presentaría factores de riesgo de relevancia, por lo cual su privación de libertad en sí misma no debería afectar la evolución de su patología.
Repudio de organismos de DDHH y de organizaciones sociales y políticas
“Este beneficio fue concedido por el juez de instrucción Juan Manuel Iglesias, en tiempos en los que a nivel nacional los mismos grupos civiles que se vieron beneficiados con el golpe de Estado buscan tergiversar la historia, detener el avance del juzgamiento al terrorismo de Estado y habilitar la criminalización de la protesta social y nuevos atropellos al conjunto de la sociedad”, denuncia el duro comunicado difundido por la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, integrada por diferentes organismos de derechos humanos de la provincia.
“Cuando hablamos de Gabino Manader, nos referimos a uno de los jefes de la ‘Patota de Investigaciones’ (el grupo de tareas de represores que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, el mayor centro clandestino de detención del NEA); un represor que se destaca de entre sus demás cómplices de genocidio por su crueldad extrema; responsable de desapariciones, torturas y sendas violaciones”, describe el documento de la Comisión.
Advierten, además, que “no es un caso menor que le sea concedido el privilegio de abandonar la cárcel, se trata de un referente de la represión, en tiempos en los que su mal ejemplo parece cundir entre varios de los integrantes de las fuerza de seguridad, siempre proclives a los apremios ilegales y brutalidad policial”.
“Impunidad biológica”
Desde los organismos de derechos humanos recalcan que según los informes del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el de mayor rigurosidad para dictaminar en este tipo de situaciones, el estado de salud de Manader no se vería comprometido o agravado por permanecer detenido en la cárcel federal de Resistencia y señalan que el solo hecho de haber alcanzado la edad de 76 años “no basta para la concesión del beneficio, ya que de ese modo estaríamos hablando de una impunidad de carácter biológico”.
“Con el criterio adoptado, todos los internos que tuvieran algún tipo de dolencia y pudieran desembocar en un cuadro de crisis, deberían obtener el beneficio del arresto domiciliario y solo quedarían detenidos aquellos que tienen una salud impecable, esto es, debería ser vaciada la U7, y también la Alcaidía”, alertan desde la Comisión.
Peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación
Por último, la Comisión Provincial de la Memoria del Chaco expresa preocupación porque además de “una afrenta a las víctimas y sus familiares” la medida que favorece a Manader podría desembocar en la facilitación de su fuga ya que se encuentra condenado a prisión perpetua y todo indica que volvería a ser condenado en el juicio en curso.
Asimismo, indican que el beneficio para Manader también podría poner en riesgo la investigación de los crímenes “ya que cuenta con relaciones personales que pueden facilitarle el acceso y disponibilidad a medios de prueba que constituyen materia de investigación”.
*Por Brian Pellegrini, desde Resistencia, Chaco.
