Autoridades del Gobierno, legisladores del oficialismo y de la oposición de Paraguay y Bolivia tildaron de “racista” la decisión de Macri, que mediante el decreto 68/2017 modificó la ley actual, endureció el control migratorio y aceleró el proceso de expulsión en casos de delitos y de ingreso ilegal de extranjeros. Las embajadas de ambos países expresaron también su conmoción ante los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “porque estigmatiza a sus connacionales”. Gonzáles, el presidente del Senado boliviano, afirmó que evalúan tomar acciones concretas para brindar seguridad a sus ciudadanos ante el decreto del Gobierno.
La embajada paraguaya en Buenos Aires informó que su titular, Federico A. Gonzáles, se reunió con el vicecanciller argentino, Pedro Villagra, porque consideran preocupantes las expresiones de Bullrich que “generalizan y estigmatizan a la comunidad paraguaya, la cual, muy por el contrario, siempre se ha destacado por su laboriosidad y honestidad”. Gonzáles recordó que el decreto de Macri aún tiene que ser aprobado por el Congreso a la vuelta del receso parlamentario, ante la posibilidad de que la medida sea reconsiderada y rechazada.
Al defender la reforma de la ley migratoria, la ministra Bullrich había sostenido que al país “vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga”.
El embajador boliviano Santos Tito también apuntó contra ella y aportó cifras concretas: el 99,8 por ciento de los bolivianos “contribuyen al desarrollo del país con un trabajo honesto en Argentina”. El diplomático reconoció que cada Nación soberana puede elegir su política migratoria, aunque cuestionó que Bullrich “se extralimitó al salir a estigmatizar, a manifestar rasgos xenofóbicos indisimulables”.
“Estas acciones unilaterales pueden generar acciones de xenofobia, racismo y discriminación”, expresó el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira. Sus declaraciones se suman a las del propio presidente Evo Morales, que anteayer pidió a los presidentes latinoamericanos que no sigan las “políticas migratorias del Norte”.
Ante esa situación “preocupante”, Gonzáles no descartó que una comisión viaje hasta la frontera con Argentina para verificar si existe o no maltrato a los bolivianos que pretendan ingresar. “A través de la Cancillería, de diferentes instancias del Ejecutivo y de la propia Asamblea, estamos siguiendo con mucha expectativa lo que está pasando y seguramente vamos a llevar adelante algunas iniciativas”, anunció.
Para la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, una inspección “no es suficiente” y por esa situación existirán “otro tipo de acciones”, en coordinación con el Ejecutivo. “Lo que hace (Argentina) es vincular al migrante con la delincuencia, que es inaceptable. El migrante es un ciudadano que trabaja fuera de su país –planteó–. No es un delincuente y no se lo puede tachar de esta manera.”
