Esta medida dispuesta por el gobierno Provincial, a través de su dirección de Política y Seguridad Vial, se originó en una resolución de la Defensoría que daba respuesta a las numerosas quejas relacionadas a la imposibilidad de obtener la renovación del carnet, en los distritos donde la gente posee sus domicilios, si existían deudas pendientes de cancelación.
Es por eso que ahora los municipios no deben obstaculizar la renovación del registro de conducir si el ciudadano posee infracciones constatadas o en trámite, sin sentencia firme.
“Se trata de una medida con la que la Defensoría apoya el reclamo de los ciudadanos ante la presencia de casos dudosos que no le permitan ejercer su desecho legítimos de defensa”, sostuvo el titular del organismo, Guido Lorenzino.
En esa línea, el Defensor del Pueblo destacó la decisión de “proteger un derecho elemental como es la seguridad vial, elemento clave para garantizar tanto la libre circulación de los bonaerenses como así apuntar a la reducción de siniestros en las calles y rutas de nuestra Provincia”.
