La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, presidida por el juez Rodolfo Lineras, impuso las condenas a los policías Ernesto López, Diego Gallardo, Héctor Méndez y Alfredo Dorado.
El tribunal los encontró penalmente responsables del delito de “tortura seguida de muerte”, mientras que los policías Rafael Toledo y Natalio Struciat fueron condenados a cinco años de cárcel por “encubrimiento agravado”.
El juicio comenzó el 16 de diciembre pasado, luego de que el fiscal de investigación 2 de Juan José Castelli, Hugo Obregón, determinara en su investigación que el joven de 18 años había sido sometido a vejaciones y torturas por parte de policías tras ser detenido por un altercado con un vecino en el barrio Norte de Tres Isletas, el 17 de septiembre de 2014.
Luego de estar detenido algunas horas en la Comisaría de Tres Isletas, Cindric fue trasladado al hospital Jorge Vázquez de esa localidad, situada 221 kilómetros al noroeste de Resistencia, donde ingresó sin signos vitales.
La autopsia realizada por el médico forense Hugo Banegas determinó que la muerte se produjo por un “traumatismo craneoencefálico debido a una hemorragia cerebral”, mientras que el cuerpo del joven presentaba escoriaciones y lesiones contusas traumáticas producidas por elementos duros o ásperos y filosos mientras aún estaba con vida.
En su informe, el forense indicó que el cuerpo de Cindric presentaba signos de asfixia en sus tejidos pulmonares, lo que sumado al resto de los elementos recogidos durante la investigación permitió establecer que fue sometido a torturas mientras estuvo detenido en la comisaría de Tres Isletas, que le provocaron las heridas que derivaron en su deceso.
El caso provocó una gran conmoción en la comunidad de Tres Isletas, mientras familiares y amigos de la víctima encabezaron manifestaciones multitudinarias para reclamar el esclarecimiento.
Asimismo, motivó la inmediata intervención del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, que se constituyó como querellante en la causa.
El Comité de Prevención de la Tortura representado por su presidenta Silvia Canteros, el Ministerio Público constituido por la fiscal de Cámara María Rosa Osiscka y la fiscal de Derechos Humanos Silvia Slusar, y el abogado querellante de la familia de la víctima, Oscar Trojan, habían solicitado la penas de prisión perpetua para los policías acusados y cinco años para los encubridores.
“No se debe admitir que funcionarios policiales tengan conductas que desacreditan la vida y degradan a las propias instituciones del Estado”, consideró la presidenta del Comité contra la Tortura.
“Los delitos de tortura seguida de muerte, apremios o vejaciones no están al mismo nivel de los delitos comunes porque conllevan un mayor disvalor legal y son considerados crímenes de Estado”, advirtió.
