“Se trata de delitos de lesa humanidad cometidos a través de un aparato estatal organizado y en virtud de un plan sistemático de persecución a una parte de la población civil”, dijo Casabella en su alocución. El letrado pidió que se condene a Ríos Ereñú, que era el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal al momento de los hechos, a la pena de prisión perpetua.
Casabella explicó que ello es así porque lo considera “autor mediato de los delitos de homicidio calificado en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada en nueve hechos, por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”.
Para Casabella, Ríos Ereñú es además responsable, como autor mediato, de "privación ilegítima de la libertad agravada” en otros dos hechos.
Luego, pidió la misma pena para Víctor Modesto Mendíaz, que también fue jefe de la Policía de Salta, por considerarlo "autor mediato de los delitos de homicidio calificado en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada en dos hechos, por haber mediado alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”.
En tanto, para el ex militar Joaquín Guil, que estaba a cargo de la Dirección de Seguridad de la Policía provincial, pidió también prisión perpetua como "autor mediato" de "homicidio calificado en siete hechos, agravados por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con privación ilegítima de la libertad en abuso de sus funciones, por el uso de violencia y el tiempo de duración".
Lo propio solicitó para Miguel Gentil, un ex militar que estaba a cargo de la Policía de Salta, a quien consideró “autor mediato” de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenaza, por haber durado más de un mes, en abuso de su calidad de funcionario público, y la prolongación indebida de la detención sin poner a la víctima a disposición de un juez, en concurso real con “homicidio doblemente agravado por alevosía en concurso premeditado de dos o más personas, en 18 hechos”, y por la privación ilegítima de la libertad agravada de otras dos personas.
Para Arturo Madrigal, un comisario inspector que estaba a cargo de la comisaría de la localidad de Embarcación, en el norte salteño, pidió seis años de prisión como “partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad en abuso de sus funciones” en un hecho.
Casabella pidió que en todos los casos las penas sean “de cumplimiento efectivo y cárcel común”.
Se trata del tramo final del noveno juicio que se desarrolla en Salta, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, que comenzó en octubre de 2015 y ya transcurrió 42 audiencias por las que pasaron 114 testigos.
Se trata de 32 víctimas cuyas causas por hechos ocurridos entre junio de 1975 y octubre de 1976, en las ciudades de Orán, Colonia Santa Rosa, Tartagal, Metán y Salta Capital, fueron contenidas en ocho expedientes con seis imputados.
De estos hechos, 27 fueron homicidios y apenas se encontraron tres cuerpos, mientras que el resto permanece desaparecido.A los cinco imputados mencionados por Casabella se suma Diego Varas, que era el jefe del Escuadrón 20 "Orán", de Gendarmería Nacional, en el norte salteño.
En la audiencia de esta tarde, que se extendió por casi cinco horas, comenzaron los alegatos de la Fiscalía Federal, representada por Carlos Amad, Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila, quienes hablaron del contexto en que ocurrieron estos hechos y continuarán con su alocución el próximo lunes 3 de abril.
El Tribunal Oral Federal de Salta, a cargo de este proceso, está integrado por Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y Gabriel Casas, con Carlos Jiménez Montilla como cuarto juez.
Entre las víctimas se destacan Mario Luna, Sergio Copa, Santos Garnica, David León Paz, Silvia Sáez de Vuistaz, Reynaldo Isola, Juan López, Luis Risso Patrón, Alfredo Bellandi, Carlos Mosca Alsina, Felipe Burgos, Ernesto Mamaní, Oscar Bianchini, Néstor Díaz, y las hermanas Francisca y Carmen Torres.
Otras víctimas son Osores, Juan de Dios Ortíz, Gregorio Tufiño Ruiz, Roberto Zelarayán, Angel Antonio Juárez, Benita Giménez, Raúl Araujo y Nicolasa Montilla.
Las querellas de la Universidad Nacional de Salta, representada por Tania Kiríaco, y Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia, solicitaron en la audiencia anterior las penas de prisión perpetua y cárcel común.
