“Cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentados ocurrieron durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017”, indicó un comunicado del organismo.
Las víctimas son líderes sociales y activistas de derechos humanos de 23 de los 32 departamentos del país, agregó.
“Una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC- EP) para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Negret, citado en el texto.
Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación indicó que desde el 1 de enero de 2017 hasta el 6 de febrero del mismo año se había presentado un total de 12 homicidios.
El tema de la seguridad de los líderes sociales es una de las tareas asignadas al vicepresidente Óscar Naranjo por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
