Desde la Juventud de PRO, Segundo Carafi, presidente de la JPRO de San Isidro y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junta firmas para que la gobernadora vete la norma. “Ese texto intenta callar la voz de muchos argentinos que opinan distinto a la versión popular de los últimos años que habla de los 30.000 desaparecidos”, dice Carafi. Y agrega: “No es libre quien no puede opinar. No es libre quien es condenado por su opinión. No hay República en un país donde sus ciudadanos no son libres”.
El joven del PRO interpela a Vidal: “Señora gobernadora, tenga la sabiduría que demanda el tema, con el mayor respeto, vete esta ley, no condene las voces de los argentinos, no condene la libertad, no sepulte los valores de la palabra. No nos gustaría que se convierta en cómplice del crimen más atroz que se le ha intentado hacer a la República”.
Como se recordará el senador del FpV, Darío Díaz Pérez impulsó un proyecto de ley para establecer que “en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires” se deberá incorporar “el término ‘dictadura cívico-militar’ y el número 30.000 junto a la expresión ‘desaparecidos’, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.
Hoy, monseñor Aguer en su homilía por el 25 de Mayo afirmó: “En la provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura”, ante la mirada atenta de Vidal. Luego agregó: “No me corresponde a mí poner un número, pero digo: ¿por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001? No corresponde una ley para eso”.
