La resolución del juez federal Ernesto Kreplak comprende a Smart, que era ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura; Etchecolatz, en la época jefe de Investigaciones de la Policía bonaerense, los comisarios Juan Miguel Wolk, Bruno Trevisán y Rómulo Jorge Ferranti y el cabo Miguel Ángel Ferreyro.
La causa investiga delitos cometidos en perjuicio de más de 60 secuestrados en la Brigada de Investigaciones de Lanús, que funcionaba en la calle 12 de octubre 234 en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”.
Según se acreditó en el expediente que instruyeron los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira -de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado-, las víctimas eran interrogadas y torturadas en ese lugar, donde permanecían encerradas condiciones inhumanas.
En su requerimiento de elevación a juicio, los fiscales entre las víctimas a 12 directivos y empleados del Hotel Liberty de la ciudad de Buenos Aires, dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer, ambos desaparecidos- que integraban la Comisión Interna de la automotriz Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR, de los cuales fueron desaparecidos Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo.
En su resolución, Kreplak consideró que Jaime Lamont Smart, en su calidad de ministro de Gobierno bonaerense, “impartió órdenes verbales e ilegales para la realización de los hechos investigados y proporcionó a sus ejecutores directos los medios necesarios para cumplirlas, realizando de esta manera una cooperación necesaria sin la cual no habrían podido cometerse los mismos”. En consecuencia, le imputó la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos que sufrieron unas 60 víctimas y el homicidio de Luis Adolfo Jaramillo.
Por los mismos crímenes imputó a Etchecolatz, el entonces director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
A Wolk, quien era director de Investigaciones “Zona Metropolitana” de la misma fuerza policial, el juez le imputó 26 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos y el homicidio de Jaramillo.
Además, a Trevisán, que fue jefe Investigaciones de Lanús, lo imputó por secuestros y torturas en perjuicio de 22 víctimas; a Ferranti, subjefe de la Brigada de Lanús, por los mismos delitos respecto de 20 víctimas y al cabo Ferreyro, por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 40 personas.
