“En el temario considerado, y en una clara muestra del desconocimiento absoluto tanto del funcionamiento de esta Cámara como lo que firman y aprueban los mismos diputados, figuran proyectos que ya fueron debatidos y aprobados, y otros que no tienen estado parlamentario, por lo que es imposible legalmente darles tratamiento”, argumentó Burgos y puntualizó que “el resto de los expedientes no cuenta con dictamen de comisión, muchos de los cuales se vienen discutiendo desde hace tiempo en las comisiones correspondientes”.
Consideró importante “comunicar con veracidad a los ciudadanos y contarles que se viene trabajando de forma responsable y seria en proyectos de pornografía infantil y agravantes para delitos sexuales; en la creación de un registro público de violadores, consensuado con todas las fuerzas políticas y próximo a tener dictamen; en la prohibición de salidas transitorias a condenados por delitos sexuales, ya aprobada por Diputados y con modificaciones en el Senado; en la sanción de delitos sexuales informáticos como el sexting; en un nuevo régimen de protección de víctimas; y en modificaciones al artículo 119 del Código Penal sobre penetración oral forzada, que tiene sanción de ley”.
“Peor aún -prosiguió- es que los diputados que solicitaron la sesión especial pretenden, entre otros temas, facilitar un debate en el recinto sobre la instauración de la pena de muerte y la castración física y química para condenados por delitos sexuales, inadmisibles e incompatibles con un Estado de Derecho respetuoso de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que representan un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos. Una afrenta de esta naturaleza no sólo pone en cuestión la imagen del Congreso Nacional en su rol de dictar leyes acordes a los mandatos constitucionales y los valores democráticos sino que desde el Estado promueve como respuesta a la violencia que padecemos diariamente en la sociedad, más violencia institucional”.
En otro orden, Burgos sostuvo que, “como jujeña, no puedo sino repudiar absolutamente la propuesta del diputado salteño de construir una cárcel para condenados por delitos sexuales y narcotraficantes en la Puna argentina, sin fundamentos, elementos o estudios que avalen su instalación”.
“Como madre, siento una profunda tristeza al ver que las trágicas y horrorosas muertes de mujeres y niñas de las que hemos sido prácticamente testigos en los últimos tiempos, puedan ser utilizadas para la obtención de un rédito político, de un voto más”, aseveró.
Advirtió que el Congreso “no es una bandeja de disc jockey donde se pueden mezclar discrecionalmente leyes sin un tratamiento previo ni trabajos de consensos, porque esto conlleva graves perjuicios en nuestro sistema normativo y por lo tanto, en nuestra sociedad” y añadió que “debemos ser conscientes de la responsabilidad que nos han conferido”.
“Afortunadamente, somos muchos los legisladores que con responsabilidad y un fuerte compromiso republicano, libramos diariamente una lucha por hacer del Congreso Nacional una institución democrática que, lejos de un circo, cumpla con la enorme tarea de generar leyes que mejoren la vida de los argentinos”, completó.
