El enfrentamiento se produjo cuando un contingente de unos 70 policías del Grupo Especial de Operaciones y de antimotines llegó a primera hora de la mañana al asentamiento para resguardar la fumigación del campo con herbicidas, y la siembra de productos por parte de los colonos brasileños, explicó Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC).
Ante el temor de que el rociado con químicos herbicidas alcanzara la escuela de la comunidad, donde se encontraban los niños del asentamiento, unos 60 campesinos se acercaron a los policías para detener la fumigación.
"Ahí comenzó la represión. Los policías tiraron gases lacrimógenos y dispararon balines de goma, incluso dentro de la escuela", explicó el representante de la FNC, citado por la agencia Efe.
Agregó que ocho campesinos resultaron heridos como resultado del enfrentamiento, y uno de ellos recibió el impacto de un balín de goma en la cara, cerca del ojo.
Gómez explicó que la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de abril un proyecto de ley para expropiar las tierras de Guahory a favor del estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para transferirlas después a los campesinos sin tierras que viven en el lugar.
La ley queda pendiente de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que los campesinos "no están dispuestos a permitir ninguna fumigación ni siembra de productos" mientras dure el proceso de expropiación y transferencia de las tierras que les corresponden como sujetos de la reforma agraria, dijo Gómez.
También denunció que, pese a la aprobación de la ley y la resistencia de los campesinos, los colonos brasileños cosecharon recientemente soja en la parcela en disputa, y tienen intenciones de sembrar ahora trigo o avena en esa zona.
Las familias campesinas de la colonia Guahory fueron desalojadas en septiembre por más de 1.500 policías en un procedimiento que se llevó a cabo sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad de los pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Posteriormente, a comienzos de enero, volvieron a ser desalojados en una operación en la que se registraron varios heridos y 12 campesinos fueron detenidos.
Días después de este desalojo, y tras varias reuniones, campesinos y gobierno llegaron a un acuerdo consistente en la distribución de ocho hectáreas para cada una de las 30 familias, además de impulsar el proyecto de expropiación aprobado en abril.
Cerca de 300.000 campesinos carecen de terrenos para cultivar en Paraguay, según datos de la Federación Nacional Campesina (FNC).
Paraguay es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la posesión de tierras, donde menos del 3 % de la población es dueña de cerca del 85 % de la tierra, según la ONG Oxfam.
