“Berta vive, la lucha sigue”, gritaron unas 600 mujeres, según sus cálculos, pertenecientes a seis etnias que llegaron a la capital para marchar a la sede de la Fiscalía.
La movilización fue para “exigir la agilización de los juicios y el castigo a los culpables del asesinato de Berta Cáceres” porque solo se han capturado “los sicarios”, afirmó la dirigente de la comunidad garífuna Miriam Miranda, coordinadora del Movimiento de Mujeres Indígenas y Negras.
Añadió que también exigen al gobierno que los pueblos indígenas sean incluidos en la elaboración de un proyecto de ley de consulta previa a las comunidades en los proyectos que afectan el ambiente en sus territorios.
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
Ocho sospechosos del crimen están detenidos, incluyendo un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa un proyecto hidroeléctrico rechazado por Cáceres.
La ambientalista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de denunciar que había recibido 33 amenazas de muerte de la DESA por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, que baña los territorios de la etnia lenca.
