Cerca del Impenetrable, en la provincia del Chaco, Moira encontró una nena de 11 años que cayó en un estado de autismo luego de ser abusada sexualmente por diez hombres. A Ivana la policía de Chubut la torturó, la encerró en un calabozo y, mientras un oficial encapuchado le gatillaba en la cabeza, le dijeron: “Es el tiempo de la caza de indios”. Las fuerzas de seguridad de Rosario tiraron abajo el portón de la casa de Miriam, gritando “indios de mierda, parásitos”, le destrozaron lo poco que tenía en su hogar, golpearon a su marido y se lo llevaron detenido. Su vecino, de 13 años, fue encontrado con la cara desfigurada y molido a golpes por la misma policía.
Ellas, muchas, todas, viven en carne propia la estigmatización y la discriminación por ser negras, pobres y originarias. Pero, además, por su condición de mujer, sufren otras formas de opresión. Ellas, muchas, conforman un grupo de mujeres poderosas que sacaron fuerzas de todas las experiencias que las colmaron de miedo y dolor para así enfrentarse a un sistema que las niega, las violenta, despoja, las desaparece, a ellas y a sus seres queridxs. Desde distintas regiones del país, se reúnen para contar sus historias marcadas por la violencia institucional, el abuso policial, el abandono y la desidia estatal. Las une la solidaridad entre mujeres que, de cara al Primer Foro sobre Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización, que se llevará a cabo el 26 y 27 de mayo en Bahía Blanca, realizaron el pasado lunes 24 de abril una charla abierta a la comunidad en la sede de la CTA -Capital, en Independencia 766 (CABA).
El encuentro, organizado por La Marcha de Mujeres Originarias, contó con la participación de mujeres referentes de la nación qom, mapuche y mocoy, que expusieron las “estrategias de lucha y solidaridad ante la continuidad de la violencia, persecución y criminalización de las mujeres indígenas en los territorios”. Moira Millán, luchadora social y referente mapuche; Ivana Huenelaf, de Chubut, activista mapuche-tehuelche detenida y torturada por la policía en la lof de Resistencia Cushamen; y Griselda Coria, Miriam Mansilla y Ruperta Pérez, ambas de la comunidad Qom de Rosario, donde el pasado 2 de abril la policía de esa ciudad realizó una razia seguida de represión poco difundida, charlaron en privado, antes del encuentro, para conocer en profundidad cada una de sus historias.
“El tiempo de la caza de indios”
En el cuerpo de Ivana Noemi Huenelaf todavía permanecen las marcas de la represión que sufrió el 10 de enero de este año. “Nos detuvieron y nos dieron una paliza terrible, nos torturaron y amenazaron. Decían que era el tiempo de la caza de indios, nos ponían las itacas, las cargaban en nuestra cabeza y gatillaban… Eran todos milicos encapuchados”, recuerda.
Ivana es activista mapuche-tehuelche, vive en Rio Negro y apoya la causa de la comunidad del Pu Lof en Resistencia Mapuche Cushamen, en Chubut. Sin pertenecer a ese territorio, acompañó la lucha visibilizada por la represión porque, dice, es la misma tierra que vienen preservando sus antepasados. Una zona ancestral, que posee abundante agua y pastizal. “Lo que más me entristece es que a 40 años de la última dictadura esto sigua pasando. El Maitén, El Bolsón y Esquel están militarizados, nos están vigilando. Nos cercan los ríos, nos cambian los cauces, hacen represas e inundaciones para sus tierras, para que no nos llegue agua, cierran tranqueras y no podemos salir a buscar leña ni a pastar animales”. Benetton, empresario y dueño de facto de las tierras en cuestión, posee un millón novecientas mil hectáreas, de las cuales pudieron recuperarse tan solo novecientas.
El 10 de enero, desde las seis de la mañana, cuando Gendarmería y la Policía de Chubut irrumpieron en la zona con una feroz represión, Huenelaf estuvo junto a la comunidad para defender el territorio recuperado. Antes de retirarse, los oficiales se llevaron detenidos a tres hombres, uno de Neuquén y dos de Chubut; cortaron las rutas, hicieron allanamientos, destrozaron las casas, golpearon a lxs niñxs y a las mujeres que estaban en el lugar.
Ivana, junto a un grupo de siete personas, se trasladaron en una camioneta para llevar algo de comida a las mujeres que habían quedado en el lugar con sus hijxs. Al llegar al Lof, un hermano mapuche les dijo que también les habían secuestrado a sus animales y salieron a buscarlos. Los encontraron en la estancia de Benetton, en un camión. Cuando se acercaron a pedir por ellos, unos hombres comenzaron a dispararles. “No entendíamos porque, una camioneta blanca apareció con un sicario de Benetton y nos disparaban constantemente. Fue una persecución de veinte minutos, nos llenaron la camioneta de tiros”. Todavía, a cuatro meses del hecho, no puede comprender como ninguno de sus compañeros fue herido, pero asegura: “Nuestras fuerzas existen porque ese día estuvieron protegiéndonos”.
Millán interviene y aporta sobre el sicariato, una nueva modalidad represiva que están implementando grandes empresarios, con distintas metodologías como secuestros, torturas y allanamientos ilegales, avalada por el gobierno nacional. “Están dando rienda suelta a un escenario de aplicación completa de la ley antiterrorista contra nosotros. Ya no sé cómo hablarle al país, me supera el dolor, la rabia, la indiferencia”, concluye.
Ivana retoma su historia, que aún no termina. Cuenta que la persecución continuó hasta El Maitén, donde encontraron un camión de la policía que, en lugar de servir de auxilio, lxs redujeron y golpearon. Luego, sigue, fueron trasladadxs a una comisaría, donde enfrentaron el encierro en calabozos de manera clandestina. Cuando sus familiares se acercaron a reclamar, los oficiales negaron todo. “Acá no están”, dijeron. Huenelaf cuenta que nunca había visto una humillación y maltrato semejante. Mientras se seca las lágrimas, recuerda como sangraban las caras de sus compañerxs por la paliza que recibieron. A Ivana todavía le duelen los golpes, tiene problemas en uno de sus pulmones producto de las patadas que recibió durante la tortura y debe realizarse una cirugía en la mano porque le quebraron un dedo, que casi no puede mover.
Unas horas después, lxs llevaron a un hospital para hacerles curaciones. La doctora que atendió a Ivana se dio cuenta de la situación y, sin que la policía se entere, logró comunicarse con una de sus hijas. Carlos González Quintana, abogado y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que se encontraba de vacaciones en El Bolsón, se hizo presente junto a familiares y conocidxs que se acercaron hasta el lugar donde se encontraban detenidxs. Todo el pueblo salió a acompañar, hasta que llegó la liberación.
Actualmente la causa que incrimina a las fuerzas de seguridad por estos hechos se encuentra totalmente parada y silenciada. Al no iniciarse la investigación rápidamente, la policía tuvo el tiempo necesario para borrar todas las pruebas de la camioneta donde se realizaron los traslados. Además, las víctimas fueron acusadas de una supuesta tenencia de armas, aunque luego las pericias demostraron que no había huellas para la incriminación.
Razias en Rosario
“Nos decían indios de mierda, parásitos. A mi sobrino menor de edad lo sacaron de los pelos y lo pusieron en el piso, yo les pedía por favor que no le peguen y me decían “cállate gorda, ustedes son unos cerdos, tienen que ir a morir todos al Chaco, son unos negros”. Le pisaban los pies, le pegaban en las manos. A mi cuñado lo golpearon con la culata de un arma y le quebraron el hombro”. El 2 de abril, veinte efectivos ingresaron por la fuerza al domicilio de la casa de Miriam, tiraron abajo el portón de entrada y destrozaron lo poco que tenía en su hogar. Su historia se quiebra, se frena. El dolor le entrecorta la voz, pero sigue: “Todo por un supuesto control de rutina. A mi esposo también le pegaron, y se lo llevaron detenido”.
Integrantes de las comunidades qom y moqoit del barrio Rouillon en Rosario, Provincia de Santa Fe, denunciaron que dicho día la policía ingresó a sus casas sin orden judicial, reprimió con extrema violencia y se llevó detenidxs a dos mujeres y doce hombres, algunos de ellos menores de edad. Habitantes del barrio contaron que los policías del Comando Radioeléctrico de Santa Fe secuestraron a varios jóvenes y los golpearon antes de llevarlos a la comisaría. A uno de ellos, de 14 años, lo apalearon y lo abandonaron en un descampado; terminó con un hombro roto, el rostro desfigurado y lesiones en las costillas. Ningún medio nacional cubrió el hecho.
La versión policial dice que los efectivos entraron al barrio buscando a Juan Pablo Carrazán, un prófugo que ya había sido detenido el día anterior en otro barrio. Pero, como es habitual, la policía no tuvo problemas en cambiar la historia en los papeles. Una semana después, el fiscal Ponce Asahad dio los primeros pasos claves en la investigación contra los policías que entraron violentamente al barrio, pero lo apartaron de la causa recriminándole que había dejado en libertad a Carrazán [1].
Ruperta Perez es referente tribal de la comunidad qom y cuenta que hace mucho tiempo que conviven con situaciones de violencia institucional en su barrio. “Maltratan a nuestros jóvenes, ellos tienen miedo de salir de noche porque es una discriminación por portación de rostro”, explica. La metodología siempre es la misma: la policía busca a los pibes para pegarles e insultarlos, le sacan los celulares, la poca plata que tienen y los acusan de delitos que no cometieron.
Luego del allanamiento ilegal, Miriam sale de su casa y se encuentra con más de 40 móviles de policía, un despliegue de fuerzas nunca antes visto. Como si estuvieran buscando a los peores asesinos. Antes de salir para la comisaria a reclamar por la liberación de su marido, en la misma cuadra de su casa, Miriam se encuentra al hijo de una vecina pidiendo a gritos por su mamá. El relato, nuevamente, se frena. Esta vez, Miriam desborda en llanto. Trata de tomar aire y prosigue: “Estaba todo ensangrentado con la cara desfigurada, me dijo que la policía le había pegado y que lo habían tirado en un descampado. Yo no lo podía creer”. Miriam dejó al nene en manos de su vecina Ruperta para que pueda llevarlo al hospital más cercano y, cuando pensaba que la cosa no podía ser peor, llega a la comisaria y se entera que su marido había sido torturado y que dos chicas del barrio habían sido secuestradas.
A la familia de Miriam intentaron encausarla por tenencia de armas blancas y por un supuesto encubrimiento de un prófugo de la justicia. En su casa le plantaron una bolsa con cuchillos y, cuando fue a hacer la denuncia, en la puerta de la comisaria estaban los mismos policías que habían hecho el allanamiento en su domicilio.
“Nosotras estamos unidas y vamos a luchar por nuestros pueblos, con o sin los hombres”
“Tenemos situaciones tremendas, como la de una niña de 11 años que vive cerca del Impenetrable y fue violada por diez hombres. Ahora está en una situación de autismo. Cuando estuve elaborando el pre informe para el Foro, recorriendo los territorios, la tía de la nena me pidió ayuda y me dijo que no pueden denunciar el caso porque los hombres de la propia comunidad son parientes, amigos e hijos, y no quieren que vayan a la cárcel”, cuenta Millán, que desde el 2013 viene recorriendo el país para conocer y ayudar a las diversas comunidades, tarea que realiza con un enorme esfuerzo, poniendo el cuerpo, sin ninguna ayuda económica y, si es necesario, a dedo.
El Primer Foro sobre Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización se presenta como una gran oportunidad para las diversas comunidades de nuestro país para construir una demanda colectiva a partir de la cual exigirán justicia por el genocidio argentino sobre los pueblos originarios. A su vez, este encuentro les permitirá fortalecer la articulación entre comunidades y, principalmente, entre las mujeres que encabezan la lucha y la resistencia en los distintos territorios. “Valoramos y reconocemos el esfuerzo de los hombres, pero también somos conscientes que ellos no están contando la verdad de lo que está sucediendo”, explica Moira. Y agrega: “No tenemos porcentajes aun, pero ya sabemos y es muy notorio que son más mujeres las que mueren que hombres; mueren en los partos, por malas praxis, porque no fueron atendidas o porque las desaparecen. Muchas hermanas están en condiciones de esclavitud”.
El movimiento de mujeres en nuestro país ha crecido mucho en los últimos años, y a ellas Moira les habla, reclamando por su ayuda y solidaridad. Destaca que es urgente y necesario reconocer y visibilizar la situación de extrema violencia que están viviendo las mujeres originarias, que identifican como feminicidio: “Lo que las compañeras feministas tienen que entender es que acá el Estado quiere nuestra desaparición, y no va a parar. El femicidio es el asesinato de un hombre a una mujer por su condición de mujer; en cambio, el feminicidio es una política criminal, es una forma criminal organizada de genocidio”. A diferencia del femicidio que va contra un individuo, el feminicidio es contra un Estado, donde las responsabilidades y represalias judiciales caen al país en cuestión y lo ponen en una situación delicada desde el punto de vista internacional.
Zulema Maldonado pertenece al pueblo mocoit de la comunidad qom de Rujom en Rosario, el mismo lugar donde los policías realizaron la razia. Luego de la represión, la comunidad realizó una marcha para pedir justicia, pero ningún medio nacional se acercó a visibilizar la violencia que habían vivido. Maldonado, sin vacilar, asegura: “Nosotras las mujeres estamos unidas y vamos a luchar por la alianza de nuestros pueblos, con o sin nuestros hombres”. Al explicar que el hostigamiento, persecución y violación de los derechos por parte de las fuerzas de seguridad no solamente es contra las comunidades originarias, sino también contra las personas de más bajos recursos, agrega: “Esto es como en la época de Roca, exterminio del indio y del pobre”.
El domingo 23 de abril la referente wichi Gabriela Torres fue detenida en la provincia de Formosa. Su esposo, Agustín Santillán, también referente wichi de la localidad Ingeniero Juárez, de esa misma provincia, había sido detenido once días atrás luego de participar de un encuentro realizado en la comunidad del Barrio Obrero. Torres fue a visitarlo y quedó detenida durante tres días. Una semana atrás, se dio a conocer un audio de Gabriela a Felix Díaz, referente qom y presidente del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de Argentina, que afirma que Agustín “fue brutalmente golpeado” por diez policías durante su detención.
Millán cuenta que hace más de 15 días que vienen denunciando la situación que está viviendo Santillán, pero nadie hace nada al respecto. Torres iba a viajar a Buenos Aires para asistir a la charla, pero no tenía el dinero suficiente para pagar el pasaje y nadie la ayudó.
“Todo esto está pasando porque los grandes se están disputando los intereses empresariales de la franja sojera con el macrismo y el kirchnerismo”, denuncia Millán, que caracteriza como constante e interminable la campaña de exterminio que se produce sobre las comunidades originarias. Hoy es perpetuada por grandes empresas, que en su afán por satisfacer sus intereses económicos no reparan cuánta sangre es derramada y los territorios que destruyen a su paso, con la complicidad de los gobiernos de turno y del Estado.
Ellas viven una violencia inusitada, inimaginable, legitimada, socialmente aprobada, esa que denota un oscuro entramado de poder, que pocos cuestionan. Una violencia injustificada, encubierta, invisibilizada por quienes prefieren que así sea. Reclamos que no se escuchan, hechos por personas invisibles, por las nadie, las sin derechos.
*Por Estefanía Verónica Santoro
Fotografía: Agustina López Oribe, en Derrocando a Roca
