Salil Shetty, secretario general de la organización Amnistía Internacional (AI), denunció el miércoles que durante décadas el mundo ha permanecido impasible mientras el régimen de Israel destruía hogares de palestinos y confiscaba sus tierras y recursos naturales para obtener beneficios.
Asimismo indicó que ya es hora de que los Estados adopten medidas internacionales concretas que pongan fin a la financiación de unos asentamientos que son en sí mismos una infracción manifiesta del derecho internacional y constituyen crímenes de guerra.
"Deberían empezar imponiendo una prohibición internacional a los productos de los asentamientos y un embargo integral de armas a Israel (…), y poner fin a la impunidad por los crímenes cometidos durante décadas con investigaciones genuinas de la Corte Penal Internacional (CPI), entre otras cosas", resaltó.
Shetty también añadió que todos los Gobiernos tienen la oportunidad de lograr un cambio real en la vida de los millones de palestinos que sufren injusticias, indignidad y discriminación desde hace muchas décadas prohibiendo los productos de los asentamientos ilegales y adoptando leyes y normas que impidan a las empresas operar en los asentamientos israelíes.
Múltiples resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobadas a lo largo de varios años han confirmado que los asentamientos israelíes de Cisjordania violan el derecho internacional. La más reciente fue la resolución del Consejo de seguridad de la ONU que instó al régimen de Tel Aviv al cese inmediato de todas las actividades de asentamiento en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
Pese a tales resoluciones, el régimen israelí ha reforzado su voluntad de expandir los asentamientos y su apoyo a éstos en los últimos meses, anunciando planes para la construcción de miles de viviendas en la mencionada región oriental de Palestina.
Desde que comenzó la ocupación de Cisjordania en 1967, Israel, apoyado por EE.UU., ha consolidado su represivo régimen militar en esa parte de los territorios ocupados mediante órdenes militares. Muchas de estas penalizan actividades pacíficas e imponen opresivas restricciones a la población palestina, incluidas frecuentes detenciones administrativas.
Esta figura jurídica se define como la privación de libertad de una persona ordenada por las autoridades administrativas –no las judiciales–, sin que pese ninguna inculpación penal sobre la persona internada u objeto de detención administrativa. Según la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos Palestinos, en las cárceles israelíe hay más de 6500 palestinos, entre ellos, 700 detenidos administrativos.
