No soplan buenos vientos para los Derechos Humanos. Argentina, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, se encuentra inmersa en una crisis que implica, por un lado, “graves retrocesos en el ejercicio de los DDHH de las grandes mayorías” y, por el otro, “una negligente respuesta por parte de los Estados para responder a esta crisis”, explicó la directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara Rosas, en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la sede argentina de la organización.
La referente de AI Argentina apuntó que el fallo del 2×1 y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar que los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pueden revocar sus sentencias se asocian con la puesta en duda de la cantidad de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, el intento de trasladar el feriado del 24 de marzo y la negación de un plan sistemático de desaparición forzada, tortura y exterminio de personas.
“No hay forma de que lo leamos desarticulado y es algo que nos preocupa mucho. Creemos que ese discurso del Gobierno, que parece ingenuo, habilita a la Corte a tomar este tipo de decisiones. Nos parece que son mensajes políticos, que hay que leer en términos políticos”, enfatizó Belski.
“Este Gobierno entendió que la agenda de Derechos Humanos era del gobierno anterior y eso es un error. Argentina exportó ‘Memoria, Verdad y Justicia’. No fue el gobierno kirchnerista; lo hicimos todos, desde el retorno de la democracia hasta acá”, señaló la directora de AI Argentina.
En la misma sintonía, Guevara Rosas afirmó que “en este ambiente global y regional regresivo, escuchar retóricas de autoridades de alto nivel haciendo expresiones en contra de algo que ha sido tan emblemático para Argentina, como es la agenda de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y que se empiece a cuestionar, a tantos años, cuando ha habido avances significativos y se deberían fortalecer los procesos para seguir avanzando en esa materia y atender las dudas del pasado, resulta muy preocupante”.
Sobre el caso de Milagro Sala, la directora regional de AI aseguró que la detención de la líder de la Tupac Amaru se da en un marco regional de “criminalización” del accionar de los defensores de DDHH y de las comunidades de pueblos indígenas por parte de los estados, los cuales utilizan los sistemas de justicia para criminalizar la disidencia. “Encontramos que esa detención era violatoria de los derechos al debido proceso y un juicio justo. Por tanto, hicimos un llamado a las autoridades para que se reparara la detención arbitraria”, detalló Guevara Rosas.
“Las demandas de las grandes mayorías”
Respecto a los derechos de las mujeres, la directora de AI apuntó que la región ocupa los primeros lugares de índices de femicidios. Como ocurre en otros países de América, en Argentina “si una mujer sufre una complicación obstétrica relacionada con un aborto, no sabe si será atendida en el hospital o si será encarcelada”, denunció Guevara Rosas. Ante un Estado que “se muestra indolente y negligente frente a las demandas de las grandes mayorías”, también exigió la legalización del aborto.
Frente a la crisis de refugiados que atraviesan países de centroamérica, como El Salvador, Honduras y Guatemala, la referente regional dijo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Migratorio de Macri se enmarca en las “retóricas de odio y de seguridad fronteriza” para reformar “una ley de migración que había sido un modelo para la región”.
“Argentina ha venido desarrollando una político de asilo bastante amplia y solidaria, una legislación migratoria modelo, con una de las leyes más progresistas en materia de migración, que no sólo le da la bienvenida a las personas que ingresan a su territorio, sino que también busca su integración de esas personas. Sin embargo, el DNU de enero pasado modifica la ley de migración a efectos de limitar los derechos humanos de las personas migrantes en el país y acelerar expulsiones que pueden vulnerar aún más los derechos”, enfatizó.
Para Guevara Rosas, la “protección del poder económico” es un “eje común” que atraviesa la región, al igual que las agendas de “seguridad” y el “mal llamado desarrollo” que deja de lado las necesidades básicas de las mayorías.
Según el organismo de derechos humanos, “las Américas continúan en las peores listas del mundo. Es la región más violenta del planeta, ocupando las primeras cifras de homicidios violentos”.
En ese marco, México y Venezuela enfrentan las peores crisis en materia de derechos humanos a nivel continental. En México, la política de seguridad, conocida como la “guerra contra el crimen organizado”, generó un ambiente permisible a graves violaciones a derechos humanos, con más 30 mil personas desaparecidas, miles de desplazados de sus hogares y el uso de tortura generalizada.
En tanto que en Venezuela, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante el creciente descontento social fue la represión para acallar las voces disidentes. Ambos casos evidencian la falta de un liderazgo genuino a nivel regional que ponga los DDHH en el centro de la escena.
Por Gabriela Naso, AUNO
