Lo hizo con el único argumento de que ya cumplió setenta años. Hace una semana, la misma sala le había concedido idéntico beneficio con similares argumentos a otro coronel represor que se había profugado largos años, Enrique Armando Cicciari.
Ya extraditado a la Argentina, Baraldini fue procesado con prisión preventiva por 300 casos de violaciones a los derechos humanos -como secuestros, torturas y abusos sexuales- cometidos mientras ejerció su cargo y está a la espera de ser sometido a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.
Este tribunal rechazó el año pasado un pedido de prisión domiciliaria. La defensa oficial del represor recurrió a Casación y logró ahora que la Sala III del máximo tribunal penal del país le conceda el beneficio por lo cual cesará su detención en la Unidad Penitenciaria 4 de La Pampa para pasar a cumplir el arresto en su casa.
Para ello los camaristas encomendaron al Tribunal Oral que fije las condiciones para que se cumpla esa medida.
Además, los mismos jueces avalaron en otra resolución la prórroga de prisión preventiva por seis meses dictada al acusado, mientras se espera el comienzo del juicio oral.
"No deben perderse de vista los especiales derechos reconocidos por el tratado internacional a las personas adultas mayores y al cual el Estado argentino decidió ser parte, en el entendimiento de que la vejez debe transitarse en pleno ejercicio (y vigencia) de los derechos humanos reconocidos a todos sus habitantes", fundamentaron los camaristas Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani al concenderle la prisión domciliaria.
Agregaron que "no estando prevista legalmente ninguna otra exigencia más allá del cumplimiento del requisito etario, se impone que sólo deben evaluarse y fijarse las condiciones a las que de hecho quedará supeditado el arresto domiciliario, a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional", según el fallo al que accedió Télam.
En su voto, el camarista Gemignani estimó que "resulta menester conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores".
"Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos que se han ventilado en autos y la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de perseguir, investigar, sancionar adecuadamente a los responsables y hacer cumplir la pena que les fuere eventualmente impuesta (en el supuesto de autos se discute justamente si la misma puede ser cumplida en su modalidad de arresto domiciliario) sino, por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor", agregó.
Paralelamente se resolvió mantener la prórroga de la prisión preventiva dictada por seis meses al acusado.
Los camaristas sostuvieron que "la decisión de mantener la prisión preventiva que viene sufriendo Baraldini cuenta con asidero sustancial" ante la "complejidad" de la causa en la cual se lo acusa de "gran cantidad de hechos y de extrema gravedad, delitos caracterizados como de lesa humanidad, cometidos entre los años 1975 y 1983, a lo cual se aúna la cantidad de sujetos encartados, y sobretodo la particular circunstancia de que el encartado se mantuvo prófugo de la justicia durante 9 años".
Baraldini tenía orden de captura internacional y se fugó a Bolivia donde se ocultó con una identidad falsa.
"El imputado ha exhibido un temperamento esquivo al accionar investigativo, lo que permite aseverar que no ha habido de su parte una conducta de buena fe procesal que abone la idea, de hacer lugar al cese de prisión preventiva requerido", concluyó Casación.
Hace una semana, tal como se informó aquí, la Sala III de la CFCP concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a otro coronel retirado procesado por delitos de lesa humanidad, esta vez cometidos en La Plata, que también se profugó, en su caso entre 2010 y 2016, cuando fue detenido. Enrique Armando Cicciari fue procesado en julio de ese año junto a otros 20 imputados, entre retirados del Ejército y de la Policía bonaerense, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Comisaría 8ª de La Plata.
