El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Mauricio Macri, que limita las condiciones de permanencia e ingreso de extranjeros a Argentina, es objeto de rechazo generalizado por organismos de derechos humanos del país.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), y el Colectivo por la Diversidad (Copadi), muestran su enérgico rechazo al decreto — ayer, 30 de enero se cumplió un año de su vigencia—, tachándole como una política regresiva.
Por ello, estas organizaciones presentaron en febrero de 2017 un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal, para que la justicia anulase y declarase inconstitucional el decreto del mandatario argentino. Una ley, que en su día, fue censurada por Amnistía Internacional (AI).
Desde el CELS afirman que la modificación por decreto de la Ley de Migraciones deja atrás el paradigma de protección de derechos y lo cambia por el estado de sospecha.
“Con el DNU todos los migrantes son sospechosos. La medida tendrá como efecto el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”, denunció este organismo.
Con el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) todos los migrantes (en Argentina) son sospechosos. La medida tendrá como efecto el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”, denuncia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en alusión al decreto ley puesto en marcha por el presidente argentino, Mauricio Macri.
Para CELS, con la aplicación del DNU se pasa de una ley que respeta los derechos humanos a una que entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado y, a juicio de esta sociedad, este edicto utiliza los delitos como excusa para perseguir a los migrantes en el suelo argentino.
En esa línea, esta entidad argentina hace un paralelismo entre este precepto presidencial con la política antimigratoria encarada por el dirigente estadounidense Donald Trump.
Por otra parte, la abogada de la Caref, Lucía Galoppo, informó que en los primeros días de febrero se espera que el citado tribunal se pronuncie y dicte sentencia al respecto.
