La lectura de la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza está prevista para este miércoles 14 a las 12.30, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
A la espera de ese momento, miembros de los organismos de derechos humanos y músicos en vivo convocaron a la ciudadanía participar desde las 18 hasta las 22 de la vigilia en la esquina de Mitre y San Martín, en pleno centro del departamento de San Rafael.
La movilización será retomada mañana a partir de las 8 frente a la sede de la UTN San Rafael, en el cruce de Urquiza y General Paz, hasta que el Tribunal dé a conocer la sentencia.
Dada la pequeña capacidad de la sala de la UTN donde se realizará la audiencia, habrá una pantalla gigante en la parte exterior para que quienes queden fuera de ese ámbito puedan seguir la lectura de la sentencia.
En este quinto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza y el segundo en San Rafael, se juzga a 27 represores -entre militares y policías- imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 76 víctimas, 14 de las cuales continúan desaparecidas.
En la instrucción de la casa y luego en el juicio oral que culminará mañana se investigaron las responsabilidades de ex integrantes de la Policía provincial que se desempeñaron en diversas reparticiones, entre ellos tres ex integrantes del Departamento de Informaciones, conocido como D-2.
También fueron investigados militares retirados que se desempeñaban en el momento de los hechos considerados en esta causa en diversas unidades del sur mendocino, entre ellas la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael.
La acusación de los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena apuntó a la articulación militar y policial que operó como una "asociación ilícita represiva" en el marco
del terrorismo de Estado. Los fiscales apuntaron también a una responsabilidad de funcionarios judiciales y dijeron que San Rafael se registró en la época una "libertad ficticia", ya que "en los tribunales locales se dejó constancia en acta de la libertad de personas que continúan desaparecidas".
A los 27 imputados se los juzga por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio, violación, robo y asociación ilícita. Tras más de dos años de juicio oral, los fiscales pidieron penas para 25 acusados (14 de ellos penas a prisión perpetua) y solicitaron la absolución de un militar retirado y de un ex policía.
