El joven denunció los hechos en la fiscalía 7, a cargo de Virginia Bravo. La CPM confirmó la denuncia e intervino solicitando una investigación exhaustiva. También se informó a la Auditoría General de asuntos internos del Ministerio de Seguridad y se requirió un informe detallado de los hechos.
Lucas tiene 20 años. Se encuentra con prisión preventiva alojado en la comunidad terapéutica “Volver a Crear” ubicada en Arturo Seguí. El lunes 3 de julio debía presentarse a un comparendo con el juez que atiende en su causa en los Tribunales de La Plata. Dos horas más tarde del horario pautado, fue a buscarlo un patrullero con dos policías, un hombre- que conducía- y una mujer, para trasladarlo.
Desde el momento en que lo subieron al patrullero, junto a dos acompañantes terapéuticos, Lucas comenzó a recibir insultos y amenazas por parte del oficial que manejaba. El verdugueo se incrementó y le comunicaron que no iban a llevarlo a declarar sino que se dirigían a la Comisaría 12º ubicada en Villa Elisa. Un vez ahí, tres policías se acercaron, lo bajaron del móvil tomándolo del cuello y le doblaron las manos. Con golpes en la espalda e insultos lo ingresaron en la comisaría. Los operadores de la comunidad no lograron frenarlos. A los gritos exigieron que dejen de pegarle sin éxito. Tampoco los dejaron ingresar a la dependencia policial. Lucas quedó aislado.
El joven fue acompañado por el director de la comunidad terapéutica a hacer la denuncia ante la fiscal Virginia Bravo. Relató que durante tres horas, mientras estuvo ilegalmente detenido, fue alojado en un cuarto de la comisaría donde tres policías, uno de ellos vestido de civil, le dieron golpes de puño en el rostro, cachetadas e insultos mientras lo mantenían esposado. Contó que los dos oficiales que lo habían llevado fueron testigos de los tratos degradantes pero que no intervinieron para parar la golpiza.
Luego de pegarle le quitaron las esposas, lo requisaron y lo obligaron a desvestirse sin motivo. Una vez desnudo, lo siguieron insultando, le colocaron las esposas en una de sus manos y lo provocaron para iniciar una pelea. Lucas asegura que cuando se cansaron lo obligaron a firmar un acta que él solicitó leer o que le leyeran pero ese derecho le fue negado.
La CPM tomó conocimiento del caso a través del director de la comunidad “Volver a Crear”. El organismo intervino ante la Fiscalía 7 donde se realizó la denuncia y solicitó un informe de la instrucción y la aplicación de la resolución 1390, que ordena que se realice una investigación por los delitos de apremios ilegales, torturas y otros tratos crueles o degradantes. Además solicitó a la Auditoría General de Asuntos Internos de Ministerio de Seguridad un informe pormenorizado de los hechos denunciados por el joven.
