La sentencia del TSJ indica que con este proceso “se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados” y advierte de “consecuencias jurídicas”.
Asimismo, recalca que la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Poder Judicial, por lo que “todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y eficacia jurídica”.
Entre otros aspectos, la ilegalidad de los nombramientos, asevera el dictamen, se debe a la extemporaneidad del proceso, la inexistencia de vacantes y la falta de observancia de preceptos constitucionales y legales. El tribunal argumenta que su sentencia se basa en lo establecido en el artículo 213 del Código Penal venezolano.
(Con este proceso) se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados”, afirma el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Según la oposición venezolana, 33 jueces del Supremo que fueron designados en diciembre de 2015, días antes de que el chavismo perdiera el control del Legislativo, son ilegítimos. La mayoría opositora aprobó el martes el informe final sobre la designación de estos magistrados y acordó tomar juramento a los seleccionados el viernes.
El pasado 29 de marzo, el TSJ de Venezuela retiró las competencias de la AN y anuló la inmunidad de sus miembros por su “situación de desacato”.
Desde abril, la oposición venezolana protagoniza violentas marchas apoyadas por EE.UU. con el objetivo de derrocar al Gobierno chavista, rechazar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y pedir elecciones presidenciales anticipadas. Pese a todo ello, el presidente Nicolás Maduro insiste en que los comicios se realizarán en 2018, como indica el calendario oficial.
