Desde su firma San Atanasio SRL, O’Reilly se esfuerza por mostrar a los integrantes de la comunidad de Punta Querandí como violentos, llegando a mencionar supuestas causas penales por “lesiones y disparos de armas de fuego”.
En ese sentido, la demanda promueve un “interdicto de recobrar” (desalojo) de la parcela 321-f, es decir “el restablecimiento inmediato del orden alterado por actos de violencia o clandestinidad”.
San Atanasio SRL expresa: “La presencia de ese movimiento fue y sigue siendo fuente de conflictos”, destacando que “se produjeron en esa zona reiterados episodios de violencia, amenazas y robo de alambrados perimetrales, que dieron lugar a denuncias y a la formación de causas penales”.
Luego agrega: “Desde enero de 2017, se consumó el despojo en tres sectores de la parcela 321-f, identificados como “Museo” , “Vivero” e “Invernadero” conformando un área sobre la cual los demandados y la agrupación que dicen integrar se ha instalado de hecho e incluso están sometiendo a una suerte de control sui generis, caracterizado por agresiones, amenazas y exclusiones dispuestas a su antojo”.
La demanda identifica como “autores del despojo” a Valentín Palma Callamullo y Pablo Andrés Badano, integrantes de la comunidad de Punta Querandí, no obstante solicita identificar a los demás “ocupantes, copartícipes o beneficiarios”.
Por otro lado, si bien la denuncia apunta a tres construcciones en particular, la empresa deja en claro sus pretensiones de lograr el desalojo definitivo de Punta Querandí, ya que afirma: “Esta demanda concierne pues a la parcela 321-f y al sector lindero identificado provisoriamente (…) como ‘2º fracción’, con una superficie de 65 áreas, 51 centiáreas, 69 decímetros cuadrados, que conforman de hecho un único bloque”.
En mayo la comunidad de Punta Querandí inauguró su Museo Autónomo de Gestión Indígena, un gran paso en la recuperación del territorio y a su vez una reparación histórica a la memoria de los pueblos originarios del lugar.
Recordemos que a fines de 2016 los hechos de violencia vinieron de parte de quienes quieren desaparecer Punta Querandí, al destruir en dos oportunidades una de nuestras construcciones más importantes: el Opy, el espacio espiritual de la cultura guaraní.
En abril de 2017, un albañil de un predio cercano denunció que personas vinculadas al barrio privado San Benito y la empresa EIDICO le habían ofrecido dinero para “incendiar los ranchos” de Punta Querandí. El trabajador denunció los hechos en la Fiscalía de Benavidez, pero la investigación no avanzó.
El Convenio 169 de la OIT, al que la Argentina adhirió, obliga a los Estados a reconocer y proteger “los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales” de los pueblos indígenas, así como a tomar “medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo”.
