Mientras va finalizando el recuento de votos, dejando al descubierto un claro triunfo de UNidad Ciudadan y Cristina Fernández, se ha presentado una denuncia que alerta a la justicia sobre un posible "plan sistemático para afectar el resultado" del escrutinio provisorio realizado por Indra y el Correo Argentino, que perjudicó la performance de Unidad Ciudadana en beneficio de Cambiemos.
"Es evidente que el escrutinio de la elección se tornó defectuoso, toda vez que se han consignado deliberadamente datos falsos en los telegramas destinados a ser utilizados en el escrutinio provisorio. Habida cuenta del procedimiento utilizado y el interés partidario de algunos de los involucrados, es menester que se investigue si este mecanismo obedece a una conducta individual o se trata de un plan sistemático para afectar el resultado del escrutinio", aseguraron los legisladores kirchneristas en el texto judicial.
La denuncia presentada por los legisladores cayó en el juzgado federal 5 a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi con investigación del fiscal Ramiro González. Sin embargo, debido a que se trata de delitos electorales lo más probable es que se remitida a la fiscalía de Jorge Di Lello y la magistrada María Romilda Servini de Cubría.
Específicamente, Tailhade y García señalaron que se habrían cometido "delitos de acción pública" tipificados en el Código Electoral Nacional, en los que sostuvieron que se escondieron votos favorables a Unidad Ciudadana en telegramas de mesas de los municipios de La Matanza, Tigre, Capitán Sarmiento y Pergamino, que quedaron en evidencia en la contradicción con los certificados de escrutinio de los fiscales de Unidad Ciudadana así como con la carga final.
Por su parte Tailhade consideró que "hay que destacar que los presidentes de mesa tienen que corroborar de manera correcta que se haya remitido el telegrama que firmaron y que todo coincida con los números reales", porque "existen algunos casos en los cuales la planilla que suscribió y los datos que puso el presidente de mesa después no se condicen con la carga que se realizó por Indra en el Correo". En ese sentido, advirtió: "Vamos a estar atentos a la labor que realicen en octubre para que no se cometan más irregularidades".
En cuanto al rol de los presidentes de mesa, los legisladores consignaron que en Pergamino, en la mesa N° 000140/5 del Circuito 748B de la Sección Electoral 87, quien desempeñó ese importante rol y que también escondió votos de Unidad Ciudadana fue Tomás Stanley, primo de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y "ferviente militante del partido gobernante".
Por otro lado, en la mesa Nº 00910/2 del circuito 630, de la Sección electoral 61, en La Matanza, quien puso su firma fue Luana Lorena Zajic, abogada de la firma Odebretch, "empresa socia del presidente Macri y su familia".
En la presentación judicial explicaron que "la posibilidad de que se trate de un error en cada uno de los casos identificados, parece evaporarse habida cuenta las notorias irregularidades que se observan", entre las que puntualizaron que "no sólo tienen que ver con el número de votos que se consignó para Unidad Ciudadana, sino incluso con la adulteración de documentos públicos".
Tras aclarar que el Código Nacional Electoral prevé prisión de seis meses a cuatro años para aquellos que fueran encontrados culpables, Tailhade y García pidieron, entre otras, una serie de medidas de pruebas entre las que se destacan la citación de "las personas que se desempeñaron como fiscales de partidos políticos en las mesas antes indicadas", el requerimiento de las actas de los fiscales de las distintas fuerzas políticas, un "perito calígrafo a fin de que confronte las actas indicadas con los telegrama enviados por su las autoridades de mesa", "se ordene al Correo Argentino la preservación de la totalidad de los telegramas electorales correspondientes a la provincia de Buenos Aires" y "se ordene un peritaje informático sobre el sistema utilizado por el Correo Argentino, y provisto por Indra".
