El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, analizó en PARadio que "la figura de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) es penalmente responsable por negar la desaparición forzada de (Santiago) Maldonado", el joven desaparecido el 1 de agosto durante el desalojo realizado por Gendarmería Nacional de un corte en la ruta 40 por parte de la comunidad mapuche. Este viernes, una multitud se congregó en Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago.
Al respecto, el abogado sostuvo que "la negación del Gobierno de que es una desaparición forzada, es la confesión de que lo es". Esta semana, la Ministra Bullrich señaló que Maldonado "no es víctima de una desaparición forzada" y hoy a la mañana acusó a los organismos de Derechos Humanos de querer "imponer" ese criterio. En este marco, Barcesat adelantó que "se va a responsabilizar a funcionarios de Seguridad y Justicia por las desafortunadas declaraciones que tuvieron" durante la investigación y agregó que "el Presidente (Mauricio Macri) y su Ministra (Bullrich) son responsables de encubrimiento (por el accionar de la Gendarmería Nacional) y tienen que ir a juicio político en el Congreso" de la Nación.
En cuanto a las últimas novedades, como la aparición de una soga, cabello y sangre en uno de los vehículos de Gendarmería utilizados durante el desalojo de la ruta 40, Barcesat precisó que las pericias sobre esas pruebas "darán indudablemente precisión sobre si se trata o no de Maldonado". En caso de que el resultado sea positivo, "no hay ninguna forma de que los funcionarios sigan encubriendo el hecho" y "quedaría por tierra todo lo hecho por la torpe de Patricia Bullrich".
Consultado por la situación de Milagro Sala y la medida cautelar adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenaba al Gobierno argentino la libertad de la dirigente de la Túpac Amaru o su prisión domiciliaria en un plazo de 15 días, tiempo que se cumplió en la medianoche de ayer, Barcesat confirmó que "la condena internacional que habrá sobre Argentian será con sanción patrimonial y exclusión" ya que "la orden de la CIDH no se puede incumplir, es inexorable". De este modo, "las sanciones que podrían pesar sobre Argentina van desde apercibimiento hasta exclusión completa de organismos".
