Luego de la movilización del pasado 22 de agosto parecen acelerarse los tiempos de una posible ruptura en la principal central obrera del país. Es “fundamental” que la CGT se sumerja en “un profundo debate para definir a dónde quiere ir”. Advirtió que ello “sin dudas va a dejar consecuencias” y no descartó “algún tipo” de fractura, señaló ayer Sergio Palazzo.
Tras la masiva macha de la semana pasada, “está claro que hubo dificultades, que hubo algunos sindicatos que expresaron la necesidad de no marchar y nosotros no acordamos con la posición que ellos tenían”.
Esos gremios en desacuerdo como la movilización “manejaban dos hipótesis: por un lado, que el gobierno había recibido un espaldarazo con esa elección (por las Paso), siendo que nosotros interpretamos que no es así porque dos tercios de la sociedad votó en contra del proyecto que gobierna actualmente la República Argentina”.
“La segunda instancia que planteaban era que no había gobernabilidad, que nos iban a acusar de golpistas. Yo creo que quien debe garantizar la gobernabilidad es quien ejerce el Poder Ejecutivo con sus políticas. Si éstas son malas, y hay un proceso electoral en el medio, no es nuestra culpa”, disparó.
“A nosotros nos eligen para defender a los compañeros y tratamos de hacerlo honesta y dignamente”, enfatizó el secretario general de La Bancaria.
De todas maneras, el gremialista se mostró “contento porque (el 22 de agosto pasado) logró imponerse el criterio de que teníamos que movilizarnos y que se debía convocar a un confederal”, fijado para el próximo 25 de septiembre.
Al respecto, consideró que esa fecha “nos parece bastante extensa para discutir una medida de fuerza nacional”, opinó.
En cuanto a la intención del gobierno de avanzar en una reforma laboral, Palazzo advirtió su viabilidad dependerá por igual tanto de los dirigentes gremiales como de los trabajadores y de “hasta dónde lo queremos dejar avanzar”.
El también lider de la Corriente Federal de Trabajadores analizó que “la forma de resolver los problemas de la Argentina no es quitándole derechos a los trabajadores ni enjuiciando a los jueces que fallan en contra de los designios del gobierno: es reactivando la economía con políticas claras de inclusión y que este gobierno no está llevando a cabo”.
“Entre 2003 y 2015 abrieron en Argentina 233 mil empresas de las cuales el 96 por ciento son pymes y fue bajo estos convenios, estos jueces, con estos abogados y con estas organizaciones sindicales funcionando. Si hoy hay caída de la economía y pymes que cierran, no es por los convenios colectivos de los trabajadores ni por su derecho: es por la política que impulsa el gobierno. Entonces que revisen ellos lo que están haciendo y no los derechos de los trabajadores”, advirtió el secretario general de La Bancaria.
