Liliana Molinari, de la querella de Margarita Cruz -una de la 19 víctimas de este juicio- solicitó al tribunal 25 años de prisión por el delito de genocidio para el coronel (R) Jorge Omar Lazarte, los tenientes coroneles (R) Alfredo Alberto Svendsen y Enrique José del Pino, y los comisarios (R) Ricardo Omar Sánchez y Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz, acusados de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y tortura agravada.
La misma pena pidió para el general (R) Néstor Rubén Castelli, imputado por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio; para el también general (R) Omar Edgardo Parada, por violación sexual, abuso deshonesto, robo y violación de domicilio; y a Luis Armando De Candido, por privación ilegítima de la libertad, torturas, violación sexual y abuso deshonesto, mientras que el imputado Julio César Miroi falleció hace un mes.
"Deben ser condenados por el delito de genocidio internacional y a cárcel común, ya que durante este debate ha quedado acreditado que todos ellos llevaron adelante prácticas sistemáticas ejecutadas dentro de un plan clandestino de represión destinado al exterminio de un sector de la población mediante el secuestro, la tortura y la desaparición forzada, montado desde el Estado y dirigido por las fuerzas armadas", dijo Molinari.
En su alegato, dedicó un apartado a los delitos sexuales cometidos por represores del Operativo Independencia y durante la última dictadura y explicó "que constituyeron una dimensión específica del sistema de detención y represión, formaban parte de las prácticas cotidianas en los centros clandestinos de detención, de un plan criminal y que constituían un elemento más de agresión".
"Las mujeres víctimas eran sometidas a abusos sexuales, a la exposición, a la desnudez, a insultos, a ir al baño con hombres armados mirándolas, a una higiene personal deficiente, entre otras cosas, al igual que a los golpes, las picanas, el submarino con el objetivo de arrancarles información mediante el dolor", alegó Molinari.
La abogada querellante argumentó que, "con la violencia sexual, quienes la ejercían buscaban ejercer un control sobre las víctimas".
Sostuvo también que "los delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado constituyen delitos autónomos, que deben ser investigados y juzgados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, entendemos que no pueden quedar desplazados por la aplicación de la figura de tormentos".
El juicio Operativo independencia, que comenzó el 5 de mayo de 2016, juzga a 19 ex miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 271 víctimas desde febrero de 1975 hasta el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
Hasta el momento, el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga ha escuchado los alegatos de las querellas y durante la tarde harán sus exposiciones y pedidos de pena los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Según informó el secretario del TOF, Mariano García Zavalía, los jueces dictarán sentencia el próximo 15 de septiembre.
