Este juicio "es la continuidad de un proceso que ya Neuquén conoce muy bien y como en todos estos procesos, por una cuestión de diseño institucional. Hubiéramos preferido que se hicieran globalmente y no parcialmente", declaró Palazzani a la prensa frente a la sede del TOF 1 de Neuquén.
Como en los cuatro juicios anteriores por crímenes del terrorismo de Estado en Neuquén, con distintas víctimas, "lo que vamos a ver" es "la continuidad de un circuito represivo y la relación con Bahía Blanca por ser la misma zona militar" de la represión de la dictadura, explicó.
"Estoy acostumbrado a ver víctimas de Neuquén que pasaron por Bahía, y ahora víctimas que fueron secuestradas acá y han ido a Bahía, a Rawson, es el circuito que conocemos", precisó.
Integran el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén, que tiene a su cargo el nuevo juicio, los magistrados Eugenio Krom (presidente), Orlando Coscia y Pablo Díaz Lacava (de la justicia federal de La Pampa) y como cuarto juez suplente Alejandro Silva (de General Roca, Río Negro).
En su primera resolución, el Tribunal desestimó un planteo de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para que los imputados sean trasladados a la sala desde los lugares donde uno de ellos está encarcelado y los restantes bajo arresto domiciliario.
El único imputado presente fue Jorge Soza, ex subjefe de la Policía Federal de Neuquén, mientras que el resto de los acusados siguió las alternativas del debate por video-conferencia.
El comisario retirado Antonio Camarelli, de la ciudad rionegrina de Cipolletti, lo hizo desde su lugar de detención en Viedma y Jorge Di Pasquale, ex integrante del Destacamento de inteligencia 182 de Neuquén, desde la rehabilitada prisión de Campo de Mayo.
A su vez, Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada; los ex oficiales de Inteligencia Adolfo San Martín y Jorge Molina Ezcurra y el único encarcelado, Gustavo Viton, ex interventor militar de la comisaría de Cipolletti, siguieron el juicio desde una sala de la Cámara Federal en Buenos Aires.
El abogado Juan Cruz Goñi, de la querella de la APDH, manifestó su desacuerdo con la resolución del Tribunal al señalar que en otros juicios de lesa humanidad "hay imputados presentes en la sala". Goñi expresó además que "este juicio ratifica las responsabilidades del Destacamento de Inteligencia (182) y policiales que ya habían sido establecidas en el marco de la investigación del plan criminal".
Recordó que una de las víctimas, Feliz Oga, cuya declaración está prevista para el 9 de octubre próximo, identificó al ex subjefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza, por su intervención cuando, luego de ser detenido en marzo de 1976 en la casa de sus padres en la ciudad de Catriel (Río Negro), fue trasladado a esa dependencia policial y torturado con picana eléctrica.
Otra víctima que declaró como testigo antes de fallecer, Alipio Quijada fue detenido el 30 de septiembre de 1977 en la ciudad neuquina de Cutral Co y trasladado a la U9 del Servicio Penitenciario Federal donde fue torturado.
Ambos recuperaron la libertad en octubre de 1977 y pudieron declarar recién cuando, con el advenimiento de la democracia, se iniciaron las causas por delitos de lesa humanidad, aunque Quijada falleció hace unos años y su testimonio quedó como elemento de prueba en el expediente.
La próxima audiencia se realizará el 19 de septiembre y tratará cuestiones preliminares antes de las declaraciones indagatorias de los imputados.
