Las estadísticas recabadas por el organismo reflejan un crecimiento de la población carcelaria y también arroja preocupantes cifras sobre constantes violaciones a los Derechos Humanos en unidades penitenciarias y comisarías.
A diciembre de 2016 había 38.681 personas encarceladas en la Provincia; siete meses después, ese número asciende a 41.729. La tasa de prisionización en Provincia es de 245 detenidos cada 100 mil personas, la más alta de los últimos 20 años y supera la tasa nacional de 169 cada 100 mil y la tasa mundial de 144 detenidos cada 100 mil personas.
En las unidades penitenciarias, la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015.
A su vez, el informe revela que el sobre encarcelamiento alcanzó su máxima expresión en las comisarías. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. La expresión más grave de este deterioro institucional tuvo lugar el pasado 2 de marzo cuando siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la Comisaría 1ª de Pergamino.
Durante el 2016, la CPM registró 16.403 hechos de tortura y/o malos tratos, padecidos por 3.054 víctimas, es decir un promedio de cinco por víctimas.
En este último año también se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 de esas muertes fueron en cárceles; es decir, más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad y el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes.
En ese marco, la CPM volvió a reiterar la necesidad de avanzar en reformas estructurales claves para comenzar a desmontar este sistema penal que viola los derechos humanos: la policía judicial (ley 14.424, pendiente desde el 2012), las fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional (ley 14.687, pendiente desde el 2014), la autonomía de la defensa pública (ley 14.442, pendiente desde el 2012) y, finalmente, la implementación legal y reconocimiento de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, que implica avanzar en el proyecto de ley que ya fue aprobado por unanimidad por todos los bloques de la comisión de Derechos Humanos del Senado provincial.
