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| Un balazo de goma fracturo la mandíbula de Emilio Jones en enero pasado |
El dato, según afirmó al diario La Nación "una fuente con acceso al expediente, surge del peritaje hecho sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo, que comenzó sobre la ruta 40 y terminó dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, departamento de Cushamen, Chubut", según la crónica publicada ayer en dicho matutino por el por el periodista Gabriel Di Nicola.
La frase es dicha por uno de los gendarmes a un superior en un mensaje de audio, y "confirma que hubo contacto entre los manifestantes y los gendarmes, y que también hubo una agresión", agregó la fuente consultada por el periodista.
El mensaje no aclara si cuando el gendarme dice "corchazos" se refiere a proyectiles de plomo o balas de goma. "Para nosotros no hay dudas de que cuando dice corchazos se refiere a proyectiles, pero aún no se puede establecer si hablaba de postas de goma o de disparos de armas de fuego", escribe el periodista que le dijo "la fuente con acceso al expediente".
El gendarme que hizo referencia a los "corchazos" es uno de los ocho que aquel día llegaron hasta la vera del río Chubut, por donde los pobladores huyeron, precisó la fuente, que no quiso dar su nombre.
Anteayer, el canal Todo Noticias (TN) reveló que un policía de Río Negro denunció que el 16 de agosto pasado, cuando participaba de un rastrillaje en busca de pistas sobre Maldonado, encontró "cartuchos de FAL y proyectiles nueve milímetros, que no fueron utilizados como prueba porque la fiscal a cargo dijo que no era lo que buscaban".
Los resultados del peritaje, realizado por expertos de la Policía Federal, le fueron entregados a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila.
El caso Maldonado tiene dos causas: una está caratulada como desaparición forzada y otra es el habeas corpus que se inició después de la denuncia de la desaparición.
El expediente caratulado como "desaparición forzada" está delegado en la fiscal Ávila, que tiene la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), conducida por Félix Crous.
