A esta fuerte declaración diplomática se sumó hoy otra del gobierno de Bangladesh, cuando el canciller Abul Hassan Mahmood Ali aseguró ante la prensa en Dhaka, la capital, que "la comunidad internacional está diciendo que es un genocidio. Nosotros también decimos que es un genocidio".
Tras un encuentro con diplomáticos extranjeros, Mahmood Ali aseguró que 300 mil rohingyas cruzaron en las últimas semanas de Myanmar a su país, lo que eleva el número de refugiados de esa minoría musulmana en el territorio a 700 mil. "Ahora es un problema nacional", concluyó, según la cadena de noticias France 24.
Poco antes, en un discurso de apertura de una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el alto comisionado de la ONU, el príncipe jordano Zeid Ra'ad al Hussein, reiteró su denuncia del año pasado y dijo que los rohingyas están sufriendo ataques "extendidos y sistemáticos" en Myanmar, que "posiblemente equivalen a crímenes contra la humanidad".
"Dado que Myanmar se ha negado a permitir el acceso a investigadores de derechos humanos, la situación actual no puede ser evaluada plenamente, pero se parece a lo que se define en los libros de textos como limpieza étnica", sentenció el funcionario de Naciones Unidas, endureciendo aún más su denuncia de finales de 2016.
"El gobierno birmano debe dejar de pretender que los rohingyas queman sus propias casas y devastan sus propios pueblos. Esta negación completa de la realidad daña enormemente" la imagen internacional del Ejecutivo, afirmó Zeid, en referencia al gobierno dirigido en los hechos por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
"Insto al gobierno a poner fin a sus crueles operaciones militares actuales, a rendir cuentas por todas las violaciones ocurridas y a revertir el patrón de la severa y extendida discriminación contra la población rohingya", continuó.
Zeid sostuvo que su oficina dispone de "múltiples" informes e imágenes de satélite que muestran cómo las fuerzas de seguridad birmanas y milicias nacionalistas locales han quemado pueblos rohingyas. Además, destacó han recolectado miles de relatos de asesinatos extrajudiciales de refugiados en Bangladesh, según reprodujo la agencia de noticias EFE.
Los rohingyas son una de las tantas minorias étnicas que viven dentro de Myanmar. Este país nunca les otorgó ciudadanía plena y gradualmente les fue quitando todos los derechos políticos, sociales y económicos.
Alrededor de un millón de miembros de esta comunidad se exiliaron en otros países desde los años 70s y se estima que antes del último éxodo masivo forzado, que comenzó a finales de agosto pasado, quedaba un número similar en el estado birmano de Rakhine, al lado de la frontera con Bangladesh.
Zeid pidió hoy a Bangladesh mantener abierta su frontera, para evitar una peor crisis humanitaria y mayores matanzas.
Paralelamente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó hoy que más de un tercio de los rohingyas llegados a suelo bangladesí desde el 25 de agosto pasado son menores de cinco años.
En concreto, el 32% de los arribados son menores de cinco años y el 9% de ellos no ha cumplido aún el año de vida, informó la jefa del Trabajo de Campo del Unicef en Bangladesh, Sara Bordas, quien detalló que más del 60% de los desplazados son menores de edad.
Según los datos aportados por Unicef, una de las organizaciones humanitarias internacionales que trabajaban en los gigantescos y muchas veces improvisados campos de refugiados rohingyas en Bangladesh, el 67% de los desplazados por el conflicto son niñas o mujeres.
Las autoridades bangladesíes, por su parte, comenzaron hoy a registrar con huellas dactilares a los cientos de miles de rohingyas que se encuentran en el país asiático.
El gobierno de la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, sostiene que la ofensiva de las fuerzas de seguridad sobre la zona donde se concentran los rohingyas es una respuesta al último ataque de la guerrilla Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA, por sus siglas en inglés), de agosto pasado, que terminó con más de cien muertos, la mayoría milicianos.
En medio de crecientes denuncias internacionales contra el gobierno birmano de uso desproporcionado de la fuerza, ARSA anunció el sábado a la noche un alto el fuego unilateral para permitir el trabajo de organizaciones humanitarias. Ayer el gobierno de Myanmar, que no permite periodistas internacionales en la zona y acusó a trabajadores humanitarios de "ayudar a terroristas", se negó a aceptar la tregua.
