El primer caso tiene que ver con la desaparición del fotógrafo Óscar Castro Videla, detenido el 16 de agosto de 1974, el juez especial Mario Carroza condenó a cinco años y un día de prisión al brigadier Miguel Krassnoff Marchenko (foto), al coronel de Gendarmería Orlando Manzo Durán y al suboficial Basclay Zapata Reyes.
Los tres condenados están actualmente en prisión, cumpliendo sentencias que suman varios centenares de años, tras ser declarados culpables en varias decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
En la investigación, el juez logró determinar que Castro Videla, de 40 años y militante del Partido Socialista, fue detenido en su casa hasta donde llegaron los agentes junto a Luz Arce, miembro también del Partido Socialista, quien doblegada por la tortura se convirtió en colaboradora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.
El fotógrafo del Partido Socialista fue llevado a un centro de torturas y exterminio ubicado en pleno centro de Santiago de Chile, denominado "Londres 38", donde fue visto por varios prisioneros que lograron sobrevivir, y después trasladado a otro centro de detención en el municipio de Ñuñoa, donde se pierde su rastro, precisa la agencia de noticias EFE.
En el segundo caso, el juez condenó a cinco años y un día de prisión a los mismos Krassnoff y Zapata, además del brigadier Pedro Espinoza y el coronel Carlos López Tapia, por el secuestro de María Galindo Ramírez, cometido el 18 de julio de 1976.
Galindo, secretaria de oficio, tenía 26 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formación política que sostenía la lucha armada y que después del golpe del 11/9/73 combatía a la dictadura de Pinochet. La militante del MIR fue detenida en la vía pública y llevada después a "Villa Grimaldi", un centro de tortura y exterminio, en donde fue vista por otros prisioneros e hizo amistad con un guardia. Este último fue quien prestó testimonio en el juicio sobre los tormentos a que fue sometida Galindo, hasta que se perdió su pista un tiempo después.
En ambos casos, el juez recibió las demandas presentadas por familiares de las víctimas y condenó al fisco a pagar indemnizaciones por el daño moral causado.
En Chile, según datos oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de las cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
