“El discurso Pro Vida (antiabortista), como tantos otros elaborados para dar argumentos a favor de restaurar medidas represivas contra el aborto, ignora como siempre a una de las partes más importantes de este tema: la mujer”, dijo a IPS la socióloga Reina Fleitas, muy reconocida por sus investigaciones de género y desarrollo local.
La cientista fue más allá y lamentó que “el silencio o la desvalorización de la situación de las mujeres es una constante”, cuando se habla de problemas actuales como la baja lactancia materna exclusiva, poca cantidad de hijos por mujer y el acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana.
Cuba es uno de los tres países de América Latina que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las ocho semanas de gestación, en una región donde aún en cuatro países se penaliza en forma absoluta el aborto y en otros muchos ha costado que se permita en causales extremas como violación y peligro de muerte para la madre.
Junto a Uruguay y el estado libre asociado de Puerto Rico, esta isla caribeña permitió desde 1965 los legrados por decisión femenina en sus instituciones sanitarias, que todas son públicas y gratuitas porque el gobierno socialista califica a la salud de derecho humano a garantizar a sus 11,2 millones de habitantes.
También en Ciudad de México se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo desde 2007, pero en contrapartida en varios estados de ese país se incluyó en sus constituciones la protección de la vida del feto desde su concepción, al igual que sucede en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
En Cuba, durante años fue prácticamente el único método de contracepción usado por las cubanas, hasta el surgimiento y extensión de los anticonceptivos modernos.
“El balance de más de 50 años de aborto voluntario y gratuito es favorable porque la mujer ha conquistado en Cuba un derecho que ha tenido enormes beneficios. El más importante es la reducción de la tasa de la mortalidad materna”, valoró Fleitas, que lo califica además de “un ejemplo de enfoque de género en salud”.
En 2014, ninguna de las 26 muertes maternas sucedieron a causa de este procedimiento, mientras que en 2015 se registraron dos de 29 fallecimientos en el país y, en 2016, se debieron al aborto cinco de las 32 muertes femeninas debido a complicaciones de la maternidad, según el Anuario Estadístico de Salud 2016.
La también profesora expresó preocupación por esos discursos que no reconocen la equidad de género ni la situación en desventaja de la población femenina, “pues al final terminan en las soluciones más fáciles y menos costosas: una ley prohibitiva y represiva para las mujeres”.
Aunque activistas y especialistas dudan que se revierta la legislación sobre el derecho al aborto, sí temen que el avance de las posturas contrarias al aborto presione a las mujeres al considerar la interrupción de un embarazo no deseado como una opción a su alcance.
“El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es inalienable y debe seguirse defendiendo en Cuba por múltiples causas”, aseguró el médico Alberto Roque, que es activista por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, así como un investigador de bioética.
Su voz estuvo entre las primeras en criticar las palabras en contra del aborto de la cantante cubana Danay Suárez, el 25 de febrero, durante su participación en la edición de este año del concurso de canto de Viña del Mar, en Chile, cuando en ese país se luchaba por la ley de aborto terapéutico aprobada finalmente este 21 de agosto.
Entonces el premio que obtuvo la joven promesa de la canción cubana fue opacado por su posición, que activistas antiaborto cubanos publicitaron como un ejemplo de la fuerza recobrada de estas ideas en este país caribeño, en un terreno abonado por el alza de la religiosidad y la creciente presencia de iglesias enfáticas en su oposición a ese derecho, en especial de confesión evangélica.
Roque observa obstáculos en Cuba como “la existencia de posiciones Pro Vida, la robustez del patriarcado como ideología, las crecientes inequidades sociales e incremento de la pobreza, los enfoques economicistas del Estado en relación a las bajas tasas de natalidad y el uso indiscriminado del aborto como método anticonceptivo”.
Este último es un problema reconocido y enfrentado por el ramo sanitario, que, según el galeno, “refleja una pobre educación en la sexualidad en la adolescencia y una implementación deficiente de esta política de salud”. De hecho, ese abuso es uno de los argumentos señalados por parte de las y los detractores del aborto voluntario.
En 2016, se realizaron 85.445 abortos en el grupo de 12 a 49 años, lo que representó 41,9 interrupciones por cada 100 embarazadas. Este panorama contrasta con la amplia cobertura de anticonceptivos, que se estimó en 77,1 por ciento de las mujeres en edad fértil con pareja declarada.
Aunque los abortos voluntarios en la actualidad representan la mitad de los realizados 12 años atrás, apenas las autoridades ofrecen cifras de las regulaciones menstruales, que es una variante del legrado por succión para las primeras semanas de ausencia de menstruación y está disponible desde 1987 hasta en algunas policlínicas (centros ambulatorios).
Al no ser incluidas en las estadísticas, existe “una subestimación del nivel de aborto en los años recientes, dado que se considera que 70 por ciento de estas regulaciones menstruales interrumpen un embarazo no deseado”, señaló la doctora María Elena Benítez, en un estudio publicado en 2014.
En “La trayectoria del aborto seguro en Cuba: evitar mejor que abortar”, resaltó que son las cubanas quienes toman la decisión de abortar o continuar el embarazo, en una parte por su empoderamiento y, en otra, por la escasa responsabilidad de los hombres en la reproducción y “las consecuencias derivadas de relaciones sexuales no protegidas”.
La experta enumeró razones para decidir no proseguir con su embarazo: edad impropia para gestar, embarazo muy próximo al último parto, la difícil situación económica; desconocimiento, mal uso, fallos y poca disponibilidad de anticonceptivos, obstáculos a proyectos personales, prejuicios y malas condiciones materiales y familiares.
“Es necesario aceptar que la interrupción de un embarazo es algo traumático para una madre en potencia”, dijo a IPS la editora y feminista Pilar Sa. “Quien haya pasado por ese duro momento sabe cuán difícil es tomar esa decisión”, compartió, al tiempo que instó a también “potenciar la educación sexual, ética y moral en los hombres”.
El escritor José Miguel Sánchez , conocido como Yoss, calificó de desactualizado el discurso del movimiento antiabortista “en estos tiempos de explosión demográfica y escasez de recursos”.
El autor de ciencia ficción, muy activo en los debates sociales, también lamentó que, en alguna medida, sea “fomentado cada vez más, por un Estado (el cubano) que teme quedarse sin mano de obra en un futuro cercano si no nacen más niños”.
Liane Ramos, quien confesó que nunca le han practicado un aborto a sus 46 años, instó a los centros de salud y educativos a “incentivar el conocimiento de este derecho y a abordarlo de manera responsable porque tiene riesgos para la salud física, psicológica y sexual de las mujeres”.
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La primera ley al respecto data de 1936, cuando el aborto comenzó a ser permitido en tres causales: salvar la vida de la madre o evitar un grave daño a su salud, violación o posibilidad de transmitir al feto una enfermedad hereditaria grave.
No obstante, bajo la tolerancia social y de las autoridades, clínicas privadas ofrecían antes de 1959 servicios de aborto voluntario a las cubanas que pudieran pagarlo y hasta de otros países, sobre todo del vecino Estados Unidos.
Bajo una tormenta de críticas internacionales y resistencias internas del sector religioso, en 1965 se institucionalizó el aborto voluntario sobre cuatro principios básicos: es la mujer quien decide, debe realizarse en una institución hospitalaria, ser practicado por personal experto y totalmente gratuito.
La despenalización oficial sucedió en 1987, cuando el Código Penal aún vigente estableció que solo es un delito cuando se comete por lucro, fuera de las instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la mujer.
Por Ivet González, Nodal
