(24/10/17 - Lesa Humanidad)-.El Juicio ESMA III es uno de los más importantes en la historia judicial del país, no sólo porque investiga 780 casos de víctimas y acumula más de 800 testimonios, sino porque su desarrollo ha demandado casi cinco años (al punto de que los imputados comenzaron siendo 68 y ya se redujeron a 54 por deceso o enfermedad).
El primer tramo del juicio ESMA tenía un único imputado: el prefecto Héctor Febres, quien fue hallado muerto en su celda el 10/12/2007, razón por la cual el debate oral nunca pudo concretarse. El segundo tramo arribó a sentencia el 26/10/2011 y fueron condenados los 16 imputados, 12 de ellos a perpetua.
Las consideraciones preliminares hechas por el Tribunal en los requerimientos de elevación a Juicio sirvan para delinear el marco en el que se desarrolló, desde un comienzo, este tercer tramo de la megacausa ESMA. Transcribimos aquí un párrafo:
“Los delitos que se analizarán fueron cometidos desde el aparato del Estado e implicaron no sólo la reiterada violación de los derechos humanos, sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional. En tal sentido, los crímenes de lesa humanidad constituyen delitos de derecho internacional y de ello se deriva que su contenido, su naturaleza y las condiciones de su responsabilidad se encuentran establecidos por el derecho internacional, con independencia de lo que pueda regularse en el derecho interno de los Estados. Son varios los documentos y sentencias a los que puede recurrirse para demostrar la existencia y la manera en que operaron las Fuerzas Armadas dentro del sistema clandestino. Se tomarán aquí los que se consideran de mayor trascendencia y que ilustran mejor la situación”.
Desde el inicio de ESMA III, el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires está integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo A. Bruglia; quienes continúan hasta el presente.
Los imputados al comenzar eran Jorge Eduardo ACOSTA, Rodolfo Luis AGUSTI SCACCHI, Juan Arturo ALOMAR, Paulino Oscar ALTAMIRA, Mario Daniel ARRÚ, Alfredo Ignacio ASTIZ (foto), Juan Antonio AZIC, Daniel Humberto BAUCERO, Julio Cesar BINOTTI, Carlos Octavio CAPDEVILA, Víctor Francisco CARDO, Ricardo Miguel CAVALLO, Miguel Enrique CLEMENTS, Daniel Oscar CUOMO, Rodolfo Oscar CIONCHI, Alejandro Domingo D’AGOSTINO, Juan de Dios DAER, Carlos Eduardo DAVIOU, Jorge Manuel DÍAZ SMITH, Francisco Armando DI PAOLA, Adolfo Miguel DONDA TIGEL, Juan Carlos FOTEA, Carlos Jaime FRAGUIO Rubén Oscar FRANCO, Carlos GALIÁN, Manuel Jacinto GARCÍA TALLADA, Miguel Ángel GARCÍA VELASCO, Pablo Eduardo GARCÍA VELASCO, Carlos Orlando GENEROSO, Alberto Eduardo GONZÁLEZ, Orlando GONZÁLEZ, Jorge Raúl GONZÁLEZ, Oscar Rubén LANZON, Ricardo Jorge LYNCH JONES, Jorge Luis MAGNACCO, Rogelio José MARTÍNEZ PIZARRO, Eduardo MORRIS GIRLING, Víctor Roberto OLIVERA, Rubén Ricardo ORMELLO, Edgardo Aroldo OTERO, Mario Pablo PALET, Guillermo Horacio PAZOS, Antonio Rosario PEREYRA, Roberto PÉREZ FROIO, Antonio PERNÍAS, Claudio Orlando PITTANA, Julio Alberto POCH, Héctor Francisco POLCHI, Jorge Carlos RADICE, Francisco Lucio RIOJA, Miguel Ángel Alberto RODRÍGUEZ, Juan Carlos ROLÓN, Enrique José DE SAINT GEORGES, Pedro Antonio SANTAMARÍA, Néstor Omar SAVIO, Raúl Enrique SCHELLER, Hugo Héctor SIFFREDI, Emir SISUL HESS, Carlos Guillermo SUÁREZ MASON, Gonzalo TORRES DE TOLOSA, Julio Antonio TORTI, Antonio VAÑEK, Eugenio Bautista VILARDO, Ernesto Frimón WEBER, Roque Ángel MARTELLO, Hugo Enrique DAMARIO, Juan Ernesto ALEMANN y Luis Ambrosio NAVARRO.
De ellos, 17 ya tenían condena previa, tanto por ESMA II como por el finalizado juicio dedicado al Plan Sistemático de robo de bebés de hijos de desaparecidos. Sin embargo, en la actualidad, el número de imputados descendió a 54 debido al fallecimiento de algunos de ellos y al apartamiento de otros razones de salud.
Los fallecidos durante el juicio son Víctor Francisco Cardo, Enrique José de Saint Georges, Carlos Jaime Fraguio, Carlos Galián, Carlos Orlando Generoso, Eduardo Morris Girling, Jorge Raúl González, Oscar Rubén Lanzón, Roberto Pérez Froio, Raúl Enrique Scheller y Julio Antonio Torti, mientras que los imputados apartados por razones de salud son Manuel Jacinto García Tallada, Pedro Antonio Santamaría y Antonio Vañek.
La primera audiencia
La primera audiencia tuvo lugar el día 28 de noviembre de 2012 y se llevó a cabo en la Sala AMIA de los Tribunales Federales de Retiro. Tuvo gran impacto la entrada a la sala de todos los imputados y luego la de los jueces del Tribunal, momento en el que se permitió que más de 30 fotógrafos registraran la escena y retrataran a los acusados presentes.
Aquella fue una jornada intensa, por la actividad dentro y fuera de la sala. Familiares y sobrevivientes fueron ubicados en el lugar del público, que estaba asignado en un principio a la prensa y los familiares de los imputados. En la calle, desde muy temprano, hubo presencia de organizaciones sindicales, políticas y sociales, quienes acompañaron el inicio de este juicio histórico.
ESMA III tiene al menos tres casos que son de trascendencia internacional y que han convocado especialmente a la prensa extranjera: la acusación contra Julio Poch, que fue detenido tras haberse jactado públicamente en Holanda de haber participado en los vuelos de la muerte; el caso de Dagmar Hagelin, una joven sueca que fue baleada en la calle en febrero de 1977 y llevada a la ESMA; y los de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, que fueron secuestradas, torturadas y finalmente eliminadas mediante el procedimiento
"vuelo de la muerte"
Acusaciones y un planteo de nulidad
Durante la lectura de los casos de las víctimas fueron mencionados varios casos de niñas y niños secuestrados juntos a sus padres y madres, o que nacieron en cautiverio en la ESMA. Además, se leyeron los casos de varias detenidas-desaparecidas, madres de bebés nacidos en el ex centro clandestino de detención, lectura que requirió varias audiencias.
A continuación, se dio comienzo la lectura de las acusaciones a los 68 imputados y que finalizó en la octava audiencia del juicio, momento en el cual el Tribunal tuvo también que resolver los planteos de la defensa. La defensa de los imputados, en particular la privada a cargo del Dr. Guillermo Fanego planteó la recusación del Tribunal "ante el temor de parcialidad que sienten sus asistidos". Además, pidió la nulidad de todo lo actuado hasta el momento, por considerar que hubo violaciones de las normas procesales vigentes.
Las demás defensas adhirieron al pedido de nulidad. También el defensor oficial Dr. Hugo Celaya planteó que habría una falta de jurisdicción por parte del Tribunal, y que los imputados deberían ser juzgados por jurados, amparándose en el artículo 24 de la Constitución Nacional. Por este motivo, pidió archivar las actuaciones hasta que se reglamente este procedimiento. Algunas defensas adhirieron también este pedido. Incluso, una de ellas planteó que se declare la nulidad de todo el proceso judicial.
Finalmente el día 19 diciembre de 2012, el Tribunal rechazó el planteo de las defensas acerca de la falta de jurisdicción y de la sospecha de imparcialidad; momento a partir del cual entonces se dio comienzo la ampliación de las declaraciones indagatorias por parte de los imputados.
Ampliación de las indagatorias
Del total de imputados, sólo 30 aceptaron ampliar sus declaraciones indagatorias, comenzando por Juan Antonio Azic, Víctor Francisco Cardo, Juan de Dios Daer, Claudio Orlando Pittana, Antonio Rosario Pereyra y Jorge Manuel Díaz Smith.
A modo de síntesis, los imputados no sólo obstaculizaron las preguntas del Tribunal y negaron su participación en los hechos; sino que sus declaraciones se fundamentaron en intentar demostrar la existencia de una guerra, la cual enmarcaron en la teoría de los dos demonios y donde se insistió permanentemente en criminalizar a las víctimas. Cabe destacar el momento en que le tocó hablar a Alfredo Astiz, en febrero del 2013, cuando el juez Leopoldo Bruglia, como presidente del TOF N°5, le solicitó que diga sus datos personales. "Soy el Capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna otra pregunta". Bruglia le explicó que debía responder sobre sus datos personales, porque es obligatorio. "Eso es problema de ustedes", contestó, a lo que Bruglia le dijo: "nuestro y suyo". Astiz aclaró que dedica el trabajo (el documento que leyó) a "los suboficiales privados ilegalmente de su libertad, en particular a los muertos en cautiverio. Son las víctimas más injustas de este proceso". Desde ese momento, hizo permanente referencia al juicio como un "linchamiento" y como una "ilegítima causa". Por último recordamos, la negativa a declarar del ex comandante de operaciones Antonio Vañek, condenado por el plan sistemático de robo de bebés e imputado por los casos de más de 160 víctimas; por lo que se leyeron sus declaraciones anteriores en la etapa de instrucción de la causa: "No sabía que había detenidos en la ESMA" refería parte de su escrito.
Los testimonios
En los primeros días de marzo de 2013 se dio comienzo a la etapa testimonial, muy esperada por cierto por todos los involucrados en este juicio. Liliana María Andrés de Antokoletz fue quien inició con sus palabras los testimonios de las víctimas. Ella fue secuestrada junto a su compañero Daniel Antokoletz, que continúa desaparecido y es otra de las víctimas incluidas en el juicio.
En la audiencia siguiente declaró Vera Jarach por su hija Franca y solicitó a los acusados que por favor rompan sus pactos de silencio y digan la verdad. “Quisiera decir que para mi hija Franca y mi familia, la justicia tiene un valor muy grande, tanto que mis padres y mi suegro eran abogados. Nos inculcaron los valores de la justicia. Y mi hija también tenía inculcados estos valores. La motivación que tengo para pedir justicia es una garantía y una esperanza de un nunca más y, en particular, la historia nos enseña que lo que sucedió una vez puede volver a ocurrir”.
Durante toda la instancia testimonial, que llevó cerca de dos años, tuvieron lugar más de 800 declaraciones, relacionadas con las 789 víctimas investigadas en este juicio. Tanto familiares, amigos y compañeros, como sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en lo que fue la ESMA compusieron un caleidoscopio donde se entrecruzan una variedad de experiencias, por cierto trágicas y devastadoras. Todos los testimonios tuvieron un alto contenido emocional, percibido dentro de la sala de audiencias y tambièn fuera de ella.
Los alegatos
A principios de julio de 2015 fue el Ministerio Público Fiscal quien abrió la instancia general de alegatos, resaltando que “No fueron excesos. Para este Ministerio Público Fiscal, fueron delitos”.
En la primera parte, el MPF detalló el esquema represivo implementado desde la ESMA entre los años 1976 y 1983; incluyendo el repaso de la documentación utilizada como prueba y destacando el valor de los testimonios de las víctimas-testigo. Analizó, además, el rol de cada uno de los oficiales, determinando la relación que mantenían todas las áreas de la ESMA entre sí, tanto como el grado de implicación cada uno de los imputados y sus responsabilidades criminales.
En la segunda parte, se hizo referencia a cada una de las 789 víctimas incluidas en el juicio, que fueron agrupadas por cadenas de caída con el objetivo de ofrecer una comprensión más exacta de la situación de cada una de ellas, en relación con las pertenencias políticas, familiares o sindicales al momento de su secuestro.
En la tercera y última parte, antes de solicitar la condena, el MPF explicitó la calificación y fundamentación de los hechos en torno a su definición delictivo-criminal.
La fiscalía memoró y describió en más de 100 horas la descripción del plan represivo llevado a cabo en la ESMA durante la última dictadura.
En febrero de 2016 comenzaron los alegatos de las querellas, que expusieron en el siguiente orden: Juristas de la Secretaría de Derechos Humano de la Nación; el grupo Kaos; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Dr. Luis Zamora y Justicia Ya. Todas las querellas coincidieron en felicitar la exposición del Ministerio Público Fiscal por su trabajo en equipo y su investigación minuciosa de lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ya en la última sesión del año 2015 dichos representantes informaron que para sus propios alegatos se remitirían a lo expuesto por dicha fiscalía y que de ser necesario en su momento especificarían las cuestiones donde hubiera diferencias.
El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo a cargo de los juristas Lucía Inés Gómez Fernández y Hugo Oyarzo, que expusieron los argumentos que legitiman a la misma Secretaría de Derechos Humanos como parte querellante en la causa ESMA. Se argumentó acerca de la evolución de la figura de querellante hasta su amplia concepción actual (última reforma introducida en el Código Procesal Penal – 2009) que para actuar como tal no es necesario representar técnicamente a alguna de las víctimas, pero sí en cambio al Estado. Los juristas enfatizaron que los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar son
imprescriptibles y pueden ser juzgados mientras vivan sus responsables.
En este sentido, la querella señaló que la ESMA fue parte del terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminación de una parte de la sociedad. Remarcaron los abogados, también, que el contexto de los crímenes cometidos en la ESMA no fue el de una guerra, tampoco que las víctimas eran apresadas en combate, por el contrario las mismas eran secuestradas y luego asesinadas; previo permanecer en cautiverio en el CCD de la ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación concluyó su alegato con el pedido de prisión perpetua para 51 imputados. Para los demás, las penas solicitadas van de los 10 a los 25 años de prisión. El equipo jurídico de la Secretaría solicitó además condenas efectivas en cárcel común, pidiendo que sea revocado el beneficio del arresto domiciliario otorgado a algunos de los acusados.
El equipo jurídico de la Querella KAOS adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal para que los medios gráficos Clarín, La Nación, Para Tí y Gente rectifiquen la información falsa que fue publicada con respecto a los hechos investigados en la Megacausa, como acto moralmente reparatorio en relación a las víctimas; al mismo tiempo solicitó que dichos medios den cuenta de cada uno de los crímenes sobre ellas cometidos. KAOS insistió también que se disponga al contralor solicitado de los arrestos domiciliarios y las evaluaciones periódicas del peligro de fuga. Solicitó la condena a prisión perpetua para 51 imputados y 25 años de prisión para Juan Binotti y Mario Palet, 18 para Roque Martello y 13 para Juan Alemann.
En el momento del alegato del CELS, sus juristas; Luz Palmas Zaldúa y Federico Gaitán Hairabedian sostuvieron que la causa ESMA unificada permitió desentrañar la estructura represiva de la Armada y las distintas etapas que fue teniendo la represión criminal desde ese lugar desde 1976 hasta fines de la dictadura en 1983. Dentro de los casos que representa el CELS están los secuestros y desapariciones de Mónica Mignone –la hija de Emilio, uno de los fundadores de este centro– y de sus compañeros en el grupo de la villa del Bajo Flores. También fue patrocinante el CELS de León Ferrari, padre de Ariel Ferrari, y de Lilia Ferreyra, compañera de Rodolfo Walsh, quienes fallecieron antes de ver finalizado el juicio.
La querella destacó que en este juicio se reconstruyó la estructura y dinámica de los vuelos de la muerte y se pudo profundizar en el funcionamiento de la ESMA como maternidad clandestina. A tal efecto solicitó la condena a prisión perpetua para 51 imputados y además, pidió que 25 años de prisión para Juan Binotti y Mario Palet, 15 para Roque Martello y 10 para Juan Alemann.
Al alegato del CELS continuó el de la querella encabezada por el Dr. Luis Zamora que lo hizo entre otros casos por las monjas francesas Alice Domon y Léoni Duquet y por Dagmar Hagelin. Zamora destacó la importancia de poder llevar por primera vez el caso de la joven sueca a la instancia oral y pública. Su alegato fue fundamentado a partir de los casos de las personas por quien querella invocando la acusación de los imputados. Sus acusaciones y posterior pedido de condena se basan en el delito de privación ilegal de la libertad y tormentos y el delito de homicidio, todos ellos como parte de un obrar genocida constitutivo del delito de genocidio.
El alegato de la querella JUSTICIA YA hizo especial hincapié en que los delitos de lesa humanidad sean considerados en el marco de un genocidio. En este sentido, en las acusaciones, la querella se refirió a los imputados como "co-autores" del delito de genocidio.
Calificó los hechos que se juzgan y los fundamentó en la categoría del delito de Genocidio como práctica de un plan de aniquilamiento sistemático contra luchadores, trabajadores y militantes para la aplicación de un proyecto socio-económico. Introdujo dentro de su alegato la idea de destrucción de un "grupo nacional argentino" pergeñado durante muchos años y que tomó como ejemplo las peores experiencias de otros genocidios en el mundo, como fue el caso del nazismo o el de la OAS francesa en Argelia.
Resaltó que el genocidio busca eliminar a un grupo y a todas sus relaciones de pertenencia, y este grupo conforma un grupo nacional argentino, considerado como un grupo humano de la Nación que tiene un vínculo con el propio Estado en donde habita. Esta querella describe y califica también los delitos de: sustracción de menores, delitos sexuales; e incluye autoría conjunta de grupos económicos.
El alegato rescató la identidad política y social de todas las víctimas, el reconocimiento de la lucha de los trabajadores; resaltando que en este juicio lo hace por la totalidad de las 789 víctimas incluidas en esta causa.
El 4 de abril finalizò la etapa alegatos de la querellas del juicio III ESMA, que en consonancia con el Ministerio Público Fiscal solicitó condenas para todos los imputados, entre las cuales más de 40 son pedidos de reclusión perpetua.
A partir de mayo de 2016 se dio comienzo a los alegatos de la defensa de los imputados. A tal efecto comenzaron las defensas oficiales de los imputados: Eduardo Aroldo Otero, contraalmirante retirado de la Armada Argentina; Mario Pablo Palet, contraalmirante retirado de la Armada Argentina; Juan Ernesto Alemann, ex secretario de Hacienda de la Nación entre 1976 y 1981, es uno de los dos civiles juzgados en esta etapa de la megacausa; Alfredo Astiz, ex Capitán de Fragata de la Armada; Antonio Pernías, oficial retirado de la Armada Argentina; Ricardo Jorge Lynch Jones, Capitán De Fragata retirado de la Armada Argentina; Jorge Eduardo Acosta, oficial retirado de la Armada Argentina; Rogelio José Martínez Pizarro, Capitán de Fragata Médico de la Armada Argentina; Jorge Carlos Radice, oficial retirado de la Armada Argentina; Carlos Octavio Capdevila, Capitán de Fragata Médico retirado de la Armada Argentina; Adolfo Miguel Donda, Capitán de Corbeta retirado de la Armada Argentina; Ricardo Miguel Cavallo, oficial retirado de la Armada Argentina; y Enrique José De Saint Georges, ex Comandante de Aerolíneas Argentinas (causa “Vuelos”).
A estas 13 presentaciones de alegatos, se agregaron otras tres, correspondientes a los imputados: Francisco Lucio Rioja, capitán de navío retirado de la Armada Argentina; Víctor Roberto Olivera, suboficial primero retirado de la Armada Argentina; y Jorge Luis Magnacco, capitán de navío retirado de la Armada Argentina. Las mismas concluyeron a mediados del mes de octubre de ese año.
Fue recién a fines del mes de diciembre cuando concluyeron todos los alegatos de los abogados de la defensa oficial por los 27 imputados que representan .
En febrero del corriente año luego de la feria judicial se reinició el juicio ESMA continuando con los alegatos de los abogados defensores particulares de los imputados. De alegatos de la defensa privada, destacamos en particular a Guillermo Fanego, "el defensor privado que más llama la atención en el juicio ESMA III y quien se reconoce como el más batallador del juicio", señala Gaitán Harabedian. "Su entusiasmo parece contagiar a los defensores que se sientan cerca de él e irritar, en igual medida, a los querellantes, a los fiscales y, alguna vez, a los jueces”, tal como señalaron Félix Bruzzone y Mónica Zwaigen en un artículo publicado en la revista Anfibia, hace dos años.
Fanego se incorporó a la causa ESMA en este tercer tramo del juicio. Defiende a 13 imputados, entre los que se encuentra el capitán de corbeta (R) Emir Sisul Hess, quien quedó involucrado en este juicio por un comentario acerca de los detenidos-desaparecidos que “caían como hormiguitas” desde el avión que comandaba .
Réplica y Dúplica
Avanzado 2017, estaba previsto comenzar con la etapa de la Réplica por parte del Ministerio Público Fiscal y de las querellas; a lo que posteriormente seguiría la instancia conocida cómo Dúplica, donde responden nuevamente las Defensas. Sin embargo y debido a la prolongación excesiva de este debate, ambas instancias fueron suspendidas. Solamente se dio lugar a las palabras orales y por escrito del fiscal general Abel Córdoba, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Última etapa del juicio
Tras las declaraciones de la fiscalía, abordamos finalmente a la etapa final del juicio III de la Causa Unificada ESMA; el momento de “las últimas palabras de los imputados” ante el TOF, que tiene la obligación de escucharlas antes deliberar para emitir el fallo.
El pasado 4 de octubre comenzaron Rogelio Martínez Pizarro, Ricardo Cavallo y Alfredo Astiz. En la audiencia siguiente le tocó el turno a Roque Ángel Martello, Julio Alberto Poch y Miguel Enrique Clements. Y en la última, el pasado miércoles 18 de octubre, les correspondía hablar a Jorge E. Acosta, Juan Carlos Rolón y Eugenio Vilardo, concretándolo sólo los dos últimos, ya que Acosta decidió no hablar.
Todos los que hablaron, con sus diferencias, insistieron en negar tanto las acusaciones como su participación en los hechos que se les imputan. Su discurso -observamos- alberga una estrategia clara y contundente de descalificar el alegato de la fiscalía. Arremete contra los fiscales tachándolos de mentirosos y distorsionadores del proceso judicial. De igual modo, el discurso de los procesados se dirige hacia los testimoniantes, a los que se acusa de haber sido “preparados y capacitados” por el ministerio público.
Más allá de la falsedad de dichos, causa estupor la voluntad de ensañarse criminalizando a las mismas víctimas y negando toda información sobre sus destinos, en el marco de un nefasto pacto de silencio, tremendamente cruel para los familiares y seres queridos de todos aquellos que permanecen desaparecidos.
El caso Astiz
Aunque tuvo una repercusión importante en la prensa de estos días, recordamos algunos párrafos del escrito que fue leyendo Alfredo Astiz en esta instancia. Comenzó afirmando su total desconocimiento de los tribunales que lo juzgan, repitiendo que "como estábamos en una guerra, deberíamos ser juzgados por el código de justicia militar por los supuestos hechos”.
Astiz osó victimizarse como un perseguido por el “terrorismo judicial” y abundó en acusaciones no sólo al ministerio público, sino también al Tribunal, la Corte Suprema de Justicia y su mismo presidente, Ricardo Lorenzetti. No escatimó insultos contra éste, haciendo lo mismo contra el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni. Y en esa línea el resto de su declaración, utilizando el tiempo judicial y las garantías que nunca tuvieron sus víctimas. (Cabe resaltar que Astiz -a quien se le otorgaron 40 minutos- se tomó casi una hora y media para leer y sólo parte de su "testimonio", dado que, según él, éste requería unas 15 horas de lectura).
Una herida profunda
A pocos días del dictamen del Tribunal y en honor a todas las víctimas de la ESMA, esperamos con ansiedad este momento. Es de enorme importancia que la Justicia dictamine y que condene a los autores de los crímenes. Aún así, no será suficiente, dado que sigue vigente el pacto de silencio entre los represores de la dictadura que fueron y siguen siendo juzgados. Ninguno de ellos ha dicho la verdad de qué fue lo que sucedió con las víctimas que continúan desaparecidas. Eso significa una herida profunda en el seno de nuestra sociedad.
Tal como expresó el sociólogo e historiador Alejandro Horowicz refiriéndose a los efectos del terrorismo de Estado dentro de la sociedad argentina: “Fuimos dañados. El terror constituye un camino inamovible, aísla y reproduce con venenosa fuerza la impotente rabia del miedo. El proceso de reorganización nacional, nos procesó, capturando nuestra subjetividad, rehaciendo nuestro deseo, pulverizando nuestra capacidad de reconstrucción moral e imponiéndonos el rechazo a cualquier resistencia.”
Por María Freier"
(*) Maria Freier es querellante en la Causa Unificada ESMA III. Las fuentes utilizadas para elaborar este artículo, que es resumen de un trabajo más extenso, corresponden a anotaciones propias hechas durante el Juicio y también a fuentes escritas de diferentes medios de comunicación, así como a lecturas particulares.
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