Ambos grupos hablaron de paramilitarismo, de las dificultades en los programas de sustitución voluntaria y de erradicación de cultivos de uso ilícito, de los recientes asesinatos a líderes sociales, de corrupción y de la necesidad de “armonizar” los acuerdos: tanto el alcanzado con las Farc, como al que se podría llegar con el Eln.
Este lunes, además de las delegaciones de las Farc y el Eln, estuvieron presentes, como representantes del Gobierno, la canciller, María Ángela Holguín; el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y el jefe negociador de los diálogos con el Eln, Juan Camilo Restrepo, quienes se encargarán de presentar las conclusiones de este encuentro al presidente Juan Manuel Santos.
Lo primero que aseguraron es que, ante su compromiso de “llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhelan la mayoría de los colombianos”, es necesario que se conforme un mecanismo que permita “armonizar los dos procesos”. La intención, explicaron, es hacerle seguimiento tanto a la implementación de los acuerdos de las Farc, como al avance de la agenda establecida en Quito, Ecuador, entre el Gobierno y el Eln.
A esto se sumó la preocupación por el aumento de asesinatos a líderes sociales en Colombia cifra en la que no hay acuerdo, pues, mientras que algunos dicen que hay alrededor de 50 asesinados, otros, como Marcha Patriótica, aseguran que ya son cerca de 130, siendo el más reciente el homicidio de Miguel Pérez este domingo en Tarazá, Antioquia. Sobre este tema, ambas delegaciones manifestaron “nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y el asesinato de 30 excombatientes de las Farc”.
En consecuencia con lo anterior se refirieron al aumento de grupos paramilitares, aseverando que “es la mayor amenaza para la paz en Colombia, la sociedad y la democracia”. Por eso, pidieron que se tomen “medidas efectivas” para acabar con estos grupos. En agosto pasado, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó, con una votación de 96 representantes a favor y diez en contra, un acto legislativo que prohíbe la creación y financiación de estos grupos en Colombia, proyecto que fue uno de los puntos acordados entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Después de esto, se refirieron al que se ha convertido en uno de los puntos más complejos de resolver en la implementación de los acuerdos: el de la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito en el país. En repetidas ocasiones, y más desde la masacre de seis campesinos el pasado 5 de octubre en Tumaco (Nariño), distintos sectores sociales, incluyendo a las Farc y al Eln, han manifestado sus críticas al programa de erradicación.
Sobre este punto, las delegaciones de ambos grupos concluyeron que “la solución a este complejo problema no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones, para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con Estados Unidos. Es necesario (…) implementar planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia”.
También manifestaron su “preocupación” de que la corrupción se convierta en un factor que ponga en “peligro la posibilidad de la paz y el devenir de una democracia real a la que aspiramos”. “Consideramos necesario el diseño de políticas y acciones concertadas que pongan fin a esta alarmante situación de corrupción generalizada”, añadieron.
