Con esta resolución, la Sala III de la Casación anuló dos decisiones del juez federal Ernestro Kreplak, a quien ya había apartado de la causa a pedido de la defensa de Smart. El favorecido ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura recibió condenas a prisión perpetua por crímenes del terrorismo de Estado en dos juicios anteriores.
En junio último, la Cámara Federal de La Plata había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Smart como "coautor" de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas en concurso con homicidio agravado, en seis hechos. Pero el abogado Enrique Munilla, defensor de Smart, apeló esa decisión y logró que, en octubre pasado, la Sala III de la Casación apartara a Kreplak como instructor de este sumario penal por tener "preconceptos" contra el ex funcionario dictatorial.
Para fundamentar aquella resolución, el juez Juan Carlos Gemignani sostuvo que, antes de indagar a Smart, "el juez Kreplak había dado por probados ciertos hechos" y con ello, según afirmó, denotaba actitudes "marcadamente alejada de la objetividad".
Al recurrir ante la Corte Suprema el apartamiento de Kreplak, el fiscal Javier De Luca impugnó el argumento de Geminiani y sostuvo que la “declaración indagatoria debe estar necesariamente precedida de indicios suficientes para estimar cometido un hecho punible, por una parte, y sospecha sobre la autoría o participación culpable en ese hecho del imputado”.
Entre tanto, con el voto de Geminiani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, la Sala III fue hoy más lejos al señalar que "corresponde anular la declaración indagatoria recibida a Jaime Lamont Smart y todos los actos que fueron su directa consecuencia, debiendo continuar las actuaciones según su estado con la intervención del nuevo magistrado".
Smart fue condenado en 2012 a perpetua por el denominado "Circuito Camps" de la represión terrorista de Estado y dos años después a la misma pena por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino denominado "La Cacha". Ninguna de estas condenas está firme y en julio último Casación confirmó la prisión domiciliaria concedida a Smart en ambas causas.
Smart ha sido el primer funcionario civil de alto rango condenado por crímenes de lesa humanidad.
