El diputado Juan Brugge, presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, explicó que “ este proyecto tiene la característica de cubrir un vacío legal, y en ese sentido, aclaró que “se deben compatibilizar los derechos al acceso a la información y a la libertad de expresión”.
El diputado también advirtió sobre los “problemas interjuridiccionales ya que muchos proveedores tienen sede en otros países para accionar legalmente” y convocó a “ dar el debate sobre una gran ley en donde se prevean otros mecanismos de Internet”.
En tanto, la diputada Liliana Schwindt, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia expresó que “en esta era hay una modernización constante de internet por eso es necesario tener un marco flexible que marque el camino de virtudes y valores que estamos necesitando” y a la vez exhortó a “realizar una gran campaña de concientización y educación en Internet”.
Por su lado, la diputada Karina Banfi, celebró el proyecto y lo definió como “una iniciativa que respeta todos los estándares internacionales en derechos humanos”. A la vez que aclaró “es un paso gigante que estamos dando y con un marco legal específico”.
El diputado Jorge D’agostino, de la UCR, compartió las mismas modificaciones expresadas por Raffo y dijo que “hemos dado un salto en general con esta problemática y propongo modificaciones con tal de ampliar la garantía de usuario y proveedores”.
Por su parte, el diputado Julio Raffo comentó que “es necesario sin duda esta ley ya que los prestadores están en un limbo legal y eso generada conflictos”. Planteó modificaciones sobre el objeto de la ley y ampliar el formato de la autoregulación de los prestadores del servicio.
Los proveedores de internet podrían generar un sistema para recibir denuncias de damnificados
Asimismo, el proyecto prevé un sistema de autoregulación en la que los proveedores podrán crear una cuenta de correo electrónico, un formulario electrónico o un medio equivalente para implementar mecanismos alternativos para la notificación de denuncias y habiliten la suspensión o bloqueo de las mismas.
Sobre esta temática no hay una regulación precisa por eso los damnificados por alguna publicación recurren a acciones judiciales que son resueltas según el criterio del juez interviniente, generándose fallos distintos sobre situaciones similares. De convertirse en ley el proyecto sería el primero en establecer reglas claras para la actividad en Internet.
