El miércoles pasado el presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmaron un decreto a través del cual se habilita la venta del 51 por ciento de las acciones de Dioxitek S.A. La decisión de privatizar la compañía alertó al sector nuclear, ya que ocupa un lugar central en el proceso de producción del combustible que consumen las centrales nucleares.
Cabe destacar que se trata del primer establecimiento que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tuvo fuera de su sede central y donde se inauguró la industria del uranio en la Argentina. Además, es la misma empresa que el expresidente Carlos Menem intentó privatizar en los 90, como parte del plan de vaciamiento del Estado.
La planta de tecnología alemana en el predio de Córdoba, se encarga de la producción de dióxido de uranio (UO2) con capacidad suficiente para abastecer a las centrales nucleares del país. A partir de la creación de la misma, Argentina se convirtió en uno de los diez países del mundo con capacidad para diseñar y producir combustibles nucleares.
El mismo decreto detalla también que el Estado nacional podrá privatizar las Centrales de generación Eléctrica "Termoeléctrica Manuel Belgrano"; "Termoeléctrica José de San Martín" (Central Timbúes); "Termoeléctrica Vuelta de Obligado"; y "Termoeléctrica Guillermo Brown".
También podrá vender las participaciones accionarias que el Estado nacional tiene en "Central Dique S.A"; "Central Térmica Güemes S.A"; "Central Puerto S.A"; "Centrales Térmicas Patagónicas S.A" y "Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia S.A" (Transpa).
