La decisión de la gobernadora Bertone sienta un lamentable precedente, dado que judicializa una acción de protesta gremial, lo que claramente reciente la calidad de vida democrática, no solo de los fueguinos sino de todos los argentinos.
Roxana Bertone suscribió el decreto 3274 que da continuidad a la medida dispuesta en diciembre de 2015 por la ex gobernadora Fabiana Ríos, pero que había quedado supeditada al resultado de un juicio de exclusión de la tutela sindical que protegía al gremialista.
Ese proceso finalizó en octubre pasado, cuando el Superior Tribunal de Justicia fueguino ratificó un fallo anterior de la Cámara de Apelaciones y del Juzgado Laboral de Ushuaia, que había resuelto quitarle a Catena su protección como sindicalista.
El argumento judicial en todas las instancias fue que el titular del gremio docente no fue sancionado por acciones relacionadas con su desempeño sindical.
De todos modos, los abogados del sindicato aseguraron que la exoneración no correspondía, porque “todavía está en trámite un juicio contencioso administrativo donde se discute si la sanción fue bien aplicada” y porque “la quita de la tutela fue recurrida ante la Suprema Corte de Justicia”.
Catena es uno de los 17 gremialistas exonerados por protagonizar una toma de la sede de la Gobernación durante un conflicto salarial, el 23 de mayo de 2013.
En aquella oportunidad, los sindicalistas tomaron el edificio de la gobernación por el término de una semana.
A raíz de estos sucesos, también tramitó una causa penal en la que 28 gremialistas, entre ellos Catena, fue condenado por los delitos de daños calificados, lesiones, y resistencia y atentado a la autoridad, durante un juicio oral y público que concluyó el 2 de diciembre de 2015.
