La Corte Suprema de Justicia emitió un duro dictamen respecto de las acciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y pidió detalles de información que se requiere al organismo hace más de una década o, de lo contrario, multará a su presidenta Dorina Bonetti, una estrecha colaboradora de la senadora nacional electa Gladys González.
El dictamen de la Corte es la respuesta a un informe presentado por la Acumar a principios de este año en donde debían responder sobre los avances del plan de saneamiento ordenado por el máximo tribunal en julio de 2008.
Los jueces de la Corte sostienen que el contenido del calendario "es insuficiente" y que las acciones por objetivos carecen de referencias, lo que considera "inentendible". Ello se traduce a que la Acumar deberá presentar un nuevo informe con las correcciones señaladas, debiendo utilizar la terminología que se venía usando antes para las líneas de cumplimiento. Más grave aún es que el documento presentado vuelve a omitir información ya requerida en la audiencia del año pasado por el tribunal.
El detalle, según los magistrados, es: la presencia de basurales a cielo abierto y la gestión integral de residuos sólidos; obras para expandir la red de agua potable y cloacas; conocer la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas están en seguimiento; el cumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios celebrado en el mes de septiembre de 2010; la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y de la 26, y el estado del proceso de relocalización de los habitantes de Villa Inflamable.
El dictamen concluye con que Acumar debe presentar el informe en 30 días para evitar una multa a su actual presidenta, Dorina Bonetti. Las multas no habían sido mencionadas en el proceso desde que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, aplicó sanciones a los ex secretarios de Ambiente Homero Bibiloni, al ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y a funcionarios de Vialidad y Berazategui por no liberar el camino de sirga en 2009.
