Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas (capital belga), ha renunciado este miércoles al sueldo que le correspondería como expresidente catalán porque considera que todavía es el presidente “legítimo” de Cataluña, han explicado fuentes cercanas, citadas por el diario local El Nacional.
El líder independentista no acepta haber sido cesado por el Gobierno español a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, por lo que consecuentemente tampoco acepta la condición de expresidente ni el sueldo que eso conlleva, que consistiría en unos 112.000 euros al año.
No obstante, el cesado presidente catalán, que en la pasada legislatura renunció a su retribución como diputado en el Parlamento regional, sí prevé darse de alta para cobrar el sueldo de parlamentario que le corresponde durante los meses que transcurran hasta que comience la nueva legislatura.
Esta decisión se produce después de que el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera el martes un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería. Si pidiera la pensión, Puigdemont estaría acatando implícitamente su cese y la intervención de la Generalitat en base al artículo 155.
El Estado continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos. Montoro debería dedicar su tiempo a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”, afirma el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont.
Puigdemont ha confirmado en un tuit la noticia y ha aprovechado para criticar al Estado español. “El Estado continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos. Montoro debería dedicar su tiempo a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”, ha afirmado.
Al darse a conocer esta noticia, el titular de Hacienda ha respondido que “no tiene sentido” que Puigdemont renuncie a su pensión cuando no es otra cosa que expresidente de la Generalitat. “Me parece una postura fuera de lugar, que renuncie no tiene el mayor sentido”, ha considerado, insistiendo en que a lo que tendría que renunciar es “a una postura que está haciendo daño al conjunto de los catalanes y los españoles”.
Contra Puigdemont y los consejeros que lo acompañan en Bélgica pesa una orden internacional de busca, captura y prisión, por estar acusados de rebeldía, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, en relación con la declaración ‘ilegal' de independencia de Cataluña. Los ‘políticos permanecen en régimen de libertad vigilada hasta que la Justicia belga decida si los extradita a España.
