Actualmente se encuentra entre los imputados del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 125 víctimas entre noviembre de 1975 y febrero de 1977 en el centro clandestino de detención y tortura “Cuatrerismo-Brigada Güemes” (también conocido como “Protobanco”), y en la Comisaría 1° de Monte Grande.
Etchecolatz se va a su casa sin decir dónde está Clara Anahi, la nieta que Chicha Mariani sigue buscando; o los cientos de nietas y nietos apropiados. Etchecolatz se va a su casa mientras Jorge Julio López sigue desaparecido por dar testimonio de sus crímenes.
Los jueces fundamentaron su decisión en su elevada edad y razones de salud. Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.
Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aún las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño provocado por sus victimarios.
Estas medidas otorgadas a Etchecolatz y a un número creciente de genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad, se inscriben en un escenario de regresión en el proceso de justicia.
Esto se materializó en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los fallos en la causa Muiña, que aplicó el régimen 2×1 a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad y habilitó otros reclamos basados en esta nueva jurisprudencia; Villamil, que dictó la prescripción de acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad; y Fontevecchia, que sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Tribunal superior, desconociendo la responsabilidades constitucionales del Estado argentino con el sistema interamericano de derechos humanos.
Debemos insistir en que los imputados por delitos de lesa humanidad han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.971 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 1.064 se encuentran detenidos: 533 se encuentran con arresto domiciliario y 531 con arresto en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o de otra fuerza.
Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.
Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria.
