Compartimos el informe elaborado por abogados de las organizaciones integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que da cuenta de que "se ha procedido a suspender las garantías constitucionales a los ciudadanos, particularmente su derecho a la circulación, a la movilización y protesta, a la huelga".
Desde el 13 de diciembre hasta la fecha se han contabilizado por lo menos más de 254 personas detenidas por haber participado de una movilización en este país.
El 18 de diciembre se detuvieron 130 personas, de las cuales todas recuperaron su libertad. Con posterioridad fue ordenada la captura de Sebastián Romero.
Como contraparte, las fuerzas de seguridad en las jornadas del 14 y del 18 de diciembre, tanto miembros de Gendarmería como de la policía han cometido innumerables delitos, y no tenemos conocimiento de que se haya procedido a su identificación, detención e indagatoria. Ni siquiera se los ha sumariado.
Se ha visto en cadena nacional a las fuerzas de seguridad abusar en el momento de detener, atropellar personas, destruir comercios, agredir a gente por el solo hecho de estar en el lugar sin importar sexo o edad.
En forma previa al jueves, se reprimió y hubo detenciones el 13 de diciembre en oportunidad de la marcha contra la Organización Mundial de Comercio, en la que 3 personas fueron privadas de su libertad por más de 4 días. Y en la jornada del 14 de diciembre, hubo 44 detenidos en la movilización contra la ley de reforma previsional, los cuales han sido sometidos a proceso penal acusados de instigación pública, permaneciendo aún 8 detenidos. Denunciamos que dicho proceso expresa la intención de imputar a militantes: en las indagatorias se les interroga por su pertenencia partidaria y/o agrupaciones.
Los abogados que representamos y asumimos las defensa de los detenidos en estas movilizaciones, sufrimos trato irrespetuoso, se nos dificulta el ejercicio profesional, se nos limitan nuestros movimientos tanto en las comisarías como en los tribunales de Comodoro Py, donde se nos restringe el acceso directo a la mesa de los juzgados, recibiendo intimidaciones constantes del personal policial que se encuentra en el edificio.
Varias organizaciones de Derechos Humanos y guardias para atención han recibido amenazas.
El miércoles 20 se reprimió y detuvo a 50 personas, en oportunidad del reclamo de los Trabajadores del Ingenio La Esperanza, por la falta de pago de sus haberes y el despido de 400 obreros, en la ciudad de San Pedro Jujuy. Entre los detenidos se encuentra el militante de derechos humanos de la organización Capoma, Oscar Delgado, y el abogado de los trabajadores doctor Roque Fabián Alderete. Se libró orden de captura contra toda la Comisión Directiva del Sindicato del Azúcar del Ingenio La Esperanza.
También el 20 se reprimió y detuvo a 14 personas mayores de edad y 3 menores en la ciudad de Luján, tras un supuesto intento de saqueo a supermercados. Es de aclarar que las detenciones fueron posteriores y arbitrarias.
Y en Rio Negro se detuvieron más de 10 personas en el marco de una movilización.
La sociedad en general, pero en particular quienes se movilizan, son sometidos a requisas en los medios de transporte y a su identificación, incluso registrándolos mediante fotografía.
Todo esto deja al desnudo que se ha impuesto en la argentina un estado de excepción en el sentido de, que sin dictar el estado de sitio, se ha procedido a suspender las garantías constitucionales a los ciudadanos, particularmente su derecho a la circulación, a la movilización y protesta, a la huelga, e incluso el derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional, ya que se restringe el accionar de los abogados y se los criminaliza al igual que a las personas por las que quieren asumir las defensas.
