Los relatores especiales David Kaye y Michel Forst, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Edison Lanza, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenaron el asesinato de al menos una docena de personas y la detención de cientos más en movilizaciones contra los resultados oficiales de las presidenciales.
“Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para dispersar las protestas, lo cual ha provocado la muerte de al menos 12 manifestantes y dejado decenas de heridos”, denunciaron en un informe presentado el miércoles en Ginebra, Suiza.
A continuación, exhortaron al Gobierno hondureño a respetar los derechos humanos y la vida de las personas, así como los derechos a la libertad de expresión y de reunión.
Alertaron de que la declaración del estado de emergencia no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la supresión de los derechos fundamentales y enfatizaron que el debate público y las manifestaciones políticas son acciones propias de una sociedad democrática y deben tener la máxima protección.
El grupo de expertos también denunció que un número de hondureños ha sido detenido y enviado a centros militares, donde son brutalmente golpeados, torturados y sometidos a formas de maltrato.
Honduras celebró el 26 de noviembre elecciones presidenciales. Tras un extraño lapso de tres semanas en medio de denuncias de “fraude” por parte de los seguidores del candidato opositor Salvador Nasralla, el órgano electoral declaró el pasado domingo como ganador de los comicios al actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.
La oposición ha rechazado el resultado y ha llamado a continuar las protestas —el miércoles se registraron movilizaciones— hasta que el órgano electoral haga un recuento total de votos, el cual, según ellos, le dio desde un inicio la victoria al candidato Nasralla, quien el martes pidió la repetición de las elecciones, como también lo ha propuesto la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los relatores cerraron su texto expresando su preocupación por los ataques y arrestos de periodistas durante la cobertura de las protestas. En concreto, llamaron a investigar el ataque a Radio Progreso.
