¿Qué ha cambiado en este corto lapso de tiempo para que BRF/Quick Food pase de inaugurar una nueva planta a despedir personal? ¡Cambiamos! ¡Cambiemos!
Claramente los motivos de los veinticinco despidos registrados hasta aquí y los ciento ochenta anunciados son resultado de las políticas económicas aplicadas por el gobierno de la alianza neoliberal-conservadora Cambiemos.
Preocupado por este tema, el diputado provincial Miguel Ángel Funes presentó un pedido de informes en la legislatura provincial para conocer lo que va a ocurrir con la fuente de trabajo de las 450 personas que trabajan en la planta de Baradero de BRF/Quick Food.
Curiosamente, BRF/Quick Food es parte del congloerado empresarial que anunció la lluvia de inversiones macristas y se había comprometido a invertir trescientos millones de dólares en el país el año 2016... cri... cri...
Proyecto del diputado provincial Miguel Funes
Dirigirse al Poder Ejecutivo y por su intermedio a los Ministerios de Trabajo, y de la Producción para que informe por escrito y a la mayor brevedad sobre todo lo relativo a despidos, suspensiones y/o modificaciones de la situación laboral de los trabajadores de la empresa BRF/Quick Food en su planta industrial de la ciudad de Baradero.
En particular solicitamos se informe sobre lo siguiente:
1 – Informe si ha tomado conocimiento de algún programa de reducción de personal por parte de esta empresa.
2 – Cuáles son las medidas que se aprestan a tomar para preservar los puestos de trabajo y la actividad productiva.
3 – Si la empresa presentó ante la autoridad laboral un proceso preventivo de crisis.
4 - Cualquier otra información que considere pertinente sobre lo ocurrido.
FUNDAMENTOS
Sr Presidente;
Durante la última semana del mes de diciembre del año pasado la Empresa Brasil Foods, propietaria de la planta QuickFood en el partido de Baradero hizo pública una advertencia acerca de reducir el plantel de sus trabajadores en decenas de personas.
La compañía, controlada por la corporación brasileña BRF (Brasil Foods), cuenta con tres plantas industriales ubicadas en las localidades de San Jorge, Arroyo Seco (Santa Fe) y Baradero (Buenos Aires), y se especializa en la faena de bovinos, exportación de cortes frescos y elaboración de hamburguesas, salchichas, fiambres y alimentos congelados. En la planta de Baradero hasta este anuncio de reducción trabajaban 450 trabajadores, 180 de de los cuales estarían incluidos en un plan de reducción de personal según enuncio la propia firma, bajo el argumento del cierre de una de las líneas de producción.
El conglomerado brasileño del ramo de la alimentación jamás podría demostrar una crisis, es la séptima compañía alimentaria a nivel mundial y es responsable del 20 por ciento de carne aviar en el mundo. Solo en su planta Baradero, producen 90 toneladas diarias de salchichas y unas 20 toneladas de fiambres. Desde hace años la producción viene subiendo, y a la fecha no se reportan caídas de las ventas. A principio del 2016 y luego a mediados del año pasado, BRF había despedido directamente o por medio de retiros voluntarios a 25 empleados.
Vale recordar que en abril del año 2015, se inauguró una ampliación de esta planta con una inversión de $ 65 millones, que permitió aumentar la capacidad productiva e incorporar a 60 trabajadores. El acto inaugural contó con la presencia de la entonces Ministra de Industria, Débora Giorgi, quien por teleconferencia compartió la actividad con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta fue la última de un programa de inversiones que hizo esta empresa desde el año 2011.
Con el cambio de gobierno y la puesta en marcha de un plan económico neoliberal, la promesa de transformar a nuestro país en una potencia agroindustrial campea hoy en el inventario de las llamadas “post verdades”, un nuevo silogismo sinónimo en este caso de una estafa electoral. En este caso, sobre un distrito que en el 2015 acompaño la propuesta electoral del actual gobierno nacional y provincial, pero que desde la llegada de las nuevas autoridades no cesa de acumular despidos. Las consecuencias de un programa económico que desdeña la producción nacional tienen en esta localidad de nuestra provincia efectos devastadores. Al caso que hoy nos ocupa debemos sumarle los despidos de 70 trabajadores de la planta de Atanor, otro tanto sucedió en la empresa Ingredion, los recortes en Dontos y también el impacto en esta ciudad de los despidos en la central de Atucha (Zarate) y la paralización de la obras del ferrocarril. La mesa multisectorial, sindical y social de esa localidad estima que en este período se produjeron entre 400 y 600 despidos. Sobre algunos de estos conflictos tramitan ante esta Cámara distintos expedientes legislativos .
En sus recientes informes ante la Comisión Nacional de Valores, esta empresa informó de las dificultades que viene atravesando y las atribuye principalmente al aumento considerable de los costos de materia prima por el impacto de la eliminación a las retenciones agropecuarias y el aumento en las tarifas de electricidad y gas. Las ventas de Quick Food en el primer semestre de 2017 fueron de 2706 millones de pesos, una cifra 11,6% superior a la registrada en el mismo período de 2016.
En este marco debe señalarse que la empresa no comunicó en ningún momento haber tramitado ante la autoridad laboral el procedimiento preventivo de crisis estipulado en el artículo 98 de la ley 24.013: “Con carácter previo a la comunicación de despidos, suspensiones de fuerza mayor por causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10 % en empresas de entre 400 y 1000 trabajadores y a más del 5% de empresas de más de 1000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento de crisis previsto en el Capítulo 6 de la Ley.”
Para el caso que no se diera el porcentaje de trabajadores afectados, previsto en dicho artículo, será de aplicación el Decreto 328/88, que dispone que los empleadores, antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo a la totalidad o parte de su personal, deberán comunicar tal decisión a la Autoridad, con una anticipación no menor de diez días de hacerla efectiva. Con la misma anticipación los empleadores deberán entregar copia de la comunicación a la asociación o asociaciones sindicales con personería gremial que representen a los trabajadores afectados por la medida.
Asimismo cuando la empresa tuviera más de 50 trabajadores se aplica además de la L.N.E., el Decreto 2072/94, que requiere que la empresa explicite las medidas que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos. En este caso se presume que ninguna de estas medidas han sido instrumentadas lo que implicaría una violación a la normativa laboral vigente.
Es por los motivos aquí desarrollados que solicito a los diputados y diputadas nos acompañen en el siguiente pedido de informes.
