En una rueda de prensa, la parlamentaria de la bancada de Nuevo Perú Indira Huilca informó que la acusación está fundamentada en las supuestas “infracciones que han cometido” los dos ministros y en “su responsabilidad en la resolución que dio origen a este indulto humanitario”, que calificó de “irregular e ilegal”.
“Ya hay un procedimiento a nivel legal en el ámbito internacional que esperamos continúe su curso para poner fin a esta decisión que se ha tomado por parte del presidente de la República, pero a nivel político también hay responsabilidades que tienen que asumirse”, comentó Huilca al respecto.
Aseguró que Aráoz y Mendoza “han incumplido varios aspectos de la Constitución, entre ellos cumplir sus labores con la debida transparencia”.
Recordó que ambos ministros declararon públicamente que “este indulto no existía” en los días anteriores a que fuera otorgado y sostuvo que Mendoza, además, infringió el artículo constitucional que se refiere al derecho de gracia presidencial.
Ya hay un procedimiento a nivel legal en el ámbito internacional que esperamos continúe su curso para poner fin a esta decisión (indulto a Fujimori) que se ha tomado por parte del presidente de la República, pero a nivel político también hay responsabilidades que tienen que asumirse”, comentó la parlamentaria de la bancada de Nuevo Perú, Indira Huilca.
El también parlamentario izquierdista Manuel Dammert añadió que el pedido tiene que ser procesado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y aseguró que ha sido acompañado con los documentos y las pruebas de los “delitos cometidos”.
“Tendrán que ser la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia los que vengan a hacer sus descargos y a presentar sus pruebas, si las tuvieran”, remarcó.
La solicitud con el pedido de acusación constitucional fue presentada pocas horas después de que Aráoz y Mendoza fueran ratificados en sus cargos por el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien remodeló el martes su gabinete de ministros, al que ha denominado “de la reconciliación”.
Kuczynski concedió el indulto a Fujimori tres días después de que una facción del fujimorismo, liderada por Kenji Fujimori, hijo menor del exgobernante, se abstuviera en la votación del pedido de vacancia que el Congreso solicitaba para el jefe de Estado por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
Esa decisión eximió a Fujimori de cumplir el total de su sentencia y también estableció que no puede ser procesado en otras acusaciones que se hagan en su contra, por lo que ha sido rechazada y protestada por los deudos de las víctimas y por organizaciones civiles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
