Bajo la premisa de “Una nueva forma de hacer política”, la FARC lanzó el sábado su campaña a la Presidencia de Colombia y afirmó que el país ha perdido 50 billones de pesos (unos 17.799 millones de dólares) debido a la corrupción.
“Todos somos testigos de cómo las ratas se pasean como Pedro por su casa por todos los pasillos de la institucionalidad robándose los dineros del Estado para enriquecerse ellos y hacer más pobres a los pobres”, aseguró Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, además de denunciar que Colombia siempre ha tenido “presidentes que se enriquecieron ellos y volvieron ricos a sus hijos”.
En contraposición, señaló al máximo líder de la FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, como la mejor opción para erradicar la corrupción. La antigua guerrilla se muestra a favor de un gobierno de transición cuyo objetivo sea la defensa de la paz y la inclusión social.
Todos somos testigos de cómo las ratas se pasean como Pedro por su casa por todos los pasillos de la institucionalidad robándose los dineros del Estado para enriquecerse ellos y hacer más pobres a los pobres”, declaró el líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) “Iván Márquez”.
“Al iniciar nuestro proceso de reincorporación a la vida civil y dejar las armas, obtuvimos el derecho de hacer política con plenas garantías de nuestra vida y libertad. Aun así, la persecución no cesa”, reclamó el exlíder de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“En un país en el que la propaganda sucia se encarga de enlodar a quienes se ocupan de defender a los más pobres y olvidados, nosotros no vacilamos en presentar nuestros nombres, nuestras candidaturas y programas a un debate electoral”, aseveró Londoño.
Sectores opuestos al acuerdo de paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla FARC critican que los excombatientes ya estén participando en política sin haber sido juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia transicional creado en el acuerdo de paz firmado en noviembre del 2016, pero aún no puesto en marcha por el Parlamento, donde se generaron muchos debates.
