Los jueces argumentaron que “las particulares características y trascendencia de los graves delitos por los cuales ha sido requerida la elevación a juicio del encausado Etchecolatz (…) hace presumir la existencia palpable de un peligro de fuga o un entorpecimiento en el desarrollo de la causa”.
En el fallo de la Sala presidida por el juez Alejandro W. Slokar, e integrada por los jueces Carlos A. Mahiques y Juan Carlos Gemignani tienen en cuenta que Etchecolatz está acusado en un debate oral y público en curso, en el que todavía deben declarar más de cien testigos y que “adoptar, en este estado del proceso un temperamento distinto al que se viene arribando sobre las medidas coercitivas de la libertad de los imputados, Implicaría aumentar considerablemente la posibilidad de que aquellos riesgos procesales verificados en cada caso para mantenerlos cautelarmente detenidos, adquieran todavía mayor virtualidad”.
A fines de diciembre el Tribunal Oral Federal 6 le otorgó a Etchecolatz la prisión domiciliaria en una resolución ampliamente rechazada que llegará también a Casación después de que interpongan recursos las querellas y el Ministerio Público Fiscal, que se habían opuesto al beneficio. Este fallo le daría más herramientas, tanto al fiscal como a los querellantes, para que apelen esa medida al señalar la contradicción de los argumentos por los cuales el TOF rechazó la excarcelación pero aceptó la domiciliaria.
La jurisprudencia de la Corte Suprema y de la misma Casación establece que en casos donde se investigan delitos de lesa humanidad existe un especial deber de cuidado al analizar la existencia de riesgos procesales desde que el Estado Nacional asumió la obligación ante la comunidad internacional de investigar, enjuiciar y sancionar a los imputados de graves violaciones a los derechos humanos.
